SEVILLA, 5 – El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, ha sido citado para declarar el próximo 19 de febrero como perjudicado en la querella presentada por la entidad contra Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology. Esta acción legal se basa en posibles delitos de intrusismo profesional, publicidad engañosa, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio, relacionados con el informe pericial informático sobre los datos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, quien cumple una condena de 21 años y tres meses por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.
La citación fue emitida el 23 de enero por el Juzgado de Instrucción número tres de Almería, en el marco de unas diligencias que se originaron en el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla. La prueba pericial en cuestión fue solicitada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla con el objetivo de «comprobar, si es posible, el lugar donde se encuentra el cuerpo de la víctima», siendo esta la única razón para mantener abierta la pieza relacionada con la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, que aún no ha sido localizado.
Cuestionamientos sobre la titulación de Manuel Huerta
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha señalado que, tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático, se ha constatado que «el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenece a ningún colegio profesional». Ante esta situación, la entidad envió una advertencia al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla mediante un burofax fechado el 23 de marzo de 2023.
Además, se sospecha que Manuel Huerta podría carecer de estudios superiores, limitándose únicamente a haber completado el Bachillerato. El colegio también ha denunciado que Huerta divulgó en televisión las pruebas obtenidas del teléfono móvil examinado, lo que afecta la intimidad tanto del propietario del dispositivo como de terceros cuyas comunicaciones y fotografías fueron expuestas.
Implicaciones de la divulgación de información sensible
Entre los mensajes divulgados se encuentran intercambios entre Miguel Carcaño y su novia, así como las pruebas obtenidas en la pericia. Esta acción, según el colegio, vulnera el código deontológico de la Asociación Profesional Colegial de Peritos. Se argumenta que Huerta actuó con el fin de obtener una relevancia mediática desproporcionada, ya que el objetivo de la pericia no estaba relacionado con el análisis de mensajes o fotografías, sino con el geoposicionamiento del teléfono móvil la noche del asesinato de Marta del Castillo.
La institución colegial ha manifestado que el querellado ha afectado a un gran número de personas en un caso de evidente interés público, como es el deseo de la familia de poder dar sepultura a Marta del Castillo. Además, se han presentado indicios de que Huerta habría engañado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, afirmando conocer una técnica innovadora para geoposicionar el teléfono móvil de Carcaño en la noche del crimen.
Cuestionamiento de la validez de la técnica forense
El colegio ha advertido que la supuesta técnica «novedosísima» carece de fundamento científico y no está respaldada por la comunidad técnica y científica. Los resultados de la pericia fueron previsibles, ya que no se logró identificar ninguna ubicación relevante que condujera al hallazgo del cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración del informe pericial, Huerta provocó nuevas actuaciones policiales que resultaron infructuosas, generando un coste económico y emocional significativo para la familia de la víctima.
La institución colegial considera que el querellado únicamente buscaba proyectar una imagen pública de perito informático de renombre, aprovechándose de un proceso judicial mediático para ganar notoriedad y, en última instancia, obtener beneficios económicos de manera ilícita. Se alega que Huerta engañó al magistrado instructor del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla para ser designado como perito en este caso.