Las ‘okupaciones’ han experimentado un aumento del 7,4% en 2024 en España, con Cataluña liderando la lista al registrar más de 7.000 denuncias. En contraste, Andalucía ha visto un descenso del 5,3% en las denuncias por okupaciones, alcanzando un total de 2.207 casos reportados a las Fuerzas de Seguridad. Este total incluye tanto los delitos de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento.
En el ámbito nacional, las denuncias por okupaciones han subido a 16.426 en 2024, rompiendo la tendencia a la baja observada en 2023, cuando se registró una disminución cercana al 9%. Cataluña se mantiene como la región con más casos, contabilizando 7.009 denuncias, lo que representa el 42% del total en el país. Este incremento del 12% en comparación con el año anterior contrasta con las caídas en otras comunidades, como Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde las denuncias por usurpación y allanamiento se redujeron en un 4,3%.
Aumento de las okupaciones desde 2010
El fenómeno de la okupación ha mostrado un notable crecimiento a lo largo de los años. Según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en 2010 y 2011 se registraron aproximadamente 3.000 casos anuales, cifra que se duplicó en 2012 y quintuplicó al comparar 2010 con 2024. En Cataluña, las denuncias han pasado de unos 3.000 casos anuales en 2014 a cifras que se han duplicado desde entonces.
A pesar de este aumento, los 16.426 casos de allanamientos y usurpaciones de inmuebles en 2024 son relativamente bajos en comparación con otros delitos. En el último año, se reportaron más de 649.000 hurtos y 414.000 estafas, así como 29.342 delitos de lesiones y riñas tumultuarias, además de más de 21.000 delitos relacionados con la libertad sexual y el tráfico de drogas.
Diferenciación entre allanamiento y usurpación
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha instado a no generar alarma en torno a la problemática de las okupaciones, señalando que los casos más graves de allanamiento de morada son escasos en comparación con los de usurpación, que generalmente involucran viviendas vacías. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha enfatizado que no se trata de situaciones en las que una persona regresa a su hogar y encuentra que ha sido ocupada.
Las estadísticas oficiales no distinguen entre los dos tipos penales que configuran este fenómeno, ya que la calificación jurídica se realiza posteriormente por el órgano judicial que instruye cada denuncia. En 2022, la Memoria de la Fiscalía General del Estado indicó que solo el 0,16% de los delitos de ocupación se referían a allanamientos, lo que pone de manifiesto la naturaleza predominantemente menos grave de la mayoría de los casos de okupación en el país.