
MÁLAGA, 23
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga solicitará el apoyo del Consistorio el próximo jueves para una moción que exige que el nuevo Estatuto Marco, que regulará las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sea «dialogado» con los médicos y las comunidades autónomas.
Este documento tiene como objetivo instar al Ministerio de Sanidad a garantizar que la actualización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios se realice a través de un proceso de participación, consenso, diálogo y transparencia, teniendo en cuenta las preocupaciones de los médicos y negociando con las comunidades autónomas sin invadir sus competencias.
Traslado de la moción y demandas de los médicos
En caso de ser aprobada la moción del Grupo Popular en la Corporación Municipal, se comunicará la presente solicitud al Colegio de Médicos de Málaga y al Sindicato Médico de Málaga.
La formación ha recordado que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha reclamado, al igual que en la manifestación convocada recientemente en Madrid, un estatuto propio e independiente del común, que ha estado vigente desde 2003 y se encuentra en proceso de renovación, para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre otras demandas.
Críticas al borrador del nuevo Estatuto Marco
El PP ha criticado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado un borrador del nuevo Estatuto Marco que ha encontrado un rechazo contundente por parte de los médicos. En nuestra provincia, estos han emitido un comunicado a través del Colegio de Médicos de Málaga y del Sindicato Médico de Málaga, en el que expresan su desprecio hacia la profesión.
En dicho comunicado, se enumeran las razones para oponerse a la actual reforma del documento, que el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, califica de retroceso y ataque a la profesión médica. Por su parte, el presidente del Sindicato de Médicos de Málaga (SMM), Antonio Martín, considera que se trata de un documento retrógrado que traiciona a los médicos.
Ambas entidades explican que, con el nuevo Estatuto Marco, todos los graduados sanitarios quedarían clasificados en el grupo A1, lo que ignora su formación específica, capacidad, competencias y especial responsabilidad. Argumentan que, tras un mínimo de 12 años de formación y 360 créditos, no deberían estar en el mismo grupo que otros profesionales con solo 240 créditos, ya que esta reclasificación afectará no solo a las retribuciones, sino también a la selección de quienes dirigen los servicios.
Condiciones laborales y exclusividad en el SNS
Además, critican que, según el borrador del Ministerio de Sanidad, las guardias continúan siendo obligatorias, con una duración de 17 horas, y no computan para efectos de jubilación. Las guardias localizadas tampoco están reguladas, lo que perpetúa las «guardias pagadas a precio de saldo», mientras que otras categorías profesionales pueden realizar horas extra. Los médicos solo tendrían derecho a un descanso semanal de 36 horas, acumulable en periodos de 14 días, lo que podría obligarles a trabajar jornadas semanales de hasta 48 horas o más, y la jornada anual podría incrementarse en 150 horas sobre la cifra establecida.
Por otro lado, se critica que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud deban ser en régimen de exclusividad, impidiendo que puedan simultanear su trabajo con la sanidad privada. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su intención de extender esta medida a las reducciones de jornada para el cuidado de hijos.
Desde el PP se ha censurado que la reforma del Estatuto Marco se haya llevado a cabo al margen de las comunidades autónomas, invadiendo algunas de sus competencias. Aunque se reconoce la necesidad de actualizar este documento, se cuestiona la forma en que se está realizando, considerándola técnicamente discutible y llevada a cabo mediante imposiciones, dejando de lado el consenso.
Todo esto pone de manifiesto la existencia de un Gobierno central irresponsable, que no ha evaluado adecuadamente las consecuencias del proceso de elaboración del borrador del nuevo Estatuto, lo que, indirectamente, perjudicará a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, quienes serán los primeros en sufrir las huelgas y movilizaciones que puedan surgir.
Los ‘populares’ también han expresado su desacuerdo con el hecho de que este documento no se acompañe de una memoria económica, considerando fundamental el compromiso del Gobierno con una financiación adicional y un cronograma que respalde las propuestas incluidas en el borrador, algunas de las cuales tienen un horizonte de diez años.
Ante esta situación, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han solicitado una reunión al Ministerio para conocer de primera mano el contenido del borrador y han mostrado su disposición al diálogo y al consenso, así como su absoluto rechazo a las imposiciones y la deslealtad institucional.
