
CÁDIZ, 5
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha convocado a declarar, en calidad de testigos, a dos interventores de la Junta y a dos jefes de Servicio, en relación con un presunto caso de malversación en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta acción se deriva de una denuncia presentada por Podemos Andalucía, que alega la concesión de contratos «a dedo» por parte del SAS.
Según la providencia emitida por la juez, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.
Antecedentes de la denuncia
Es importante recordar que el 17 de febrero, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, anunció que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había «abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía», relacionado con la concesión de contratos «a dedo» por parte del SAS.
Martínez explicó que esta situación surgió a raíz de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla, en la que se alegaba un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa. Esta denuncia, fechada el 1 de octubre de 2024, se presentó tras la detección por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía de un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
Irregularidades en la adjudicación de contratos
Podemos advirtió en su denuncia que estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permitió su adjudicación «a dedo».
Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde Sevilla, decidió «incoar diligencias previas» conforme a lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), dado que se hacía referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado.
Reacciones del Gobierno andaluz
En la misma resolución, la juez acordó enviar un oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía para que informe sobre las irregularidades cometidas en relación con los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo. Además, se dio traslado al Fiscal de delitos económicos para que solicite las diligencias pertinentes.
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había solicitado personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras las denuncias de Podemos. Asimismo, indicó que se había remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz «un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala» dichas contrataciones. Además, acusó a Podemos de «utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política».
