Moción del Grupo Municipal Socialista en Granada para frenar la nueva ley de patrimonio cultural
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado una moción en el pleno de enero con el objetivo de detener la tramitación del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. Según el concejal socialista, Juanjo Ibáñez, esta normativa, impulsada por la Junta de Andalucía, representa un «ataque» a la conservación del legado histórico de la región. A su juicio, el texto prioriza la perspectiva comercial sobre la protección del patrimonio, lo que podría resultar en la desprotección de los barrios históricos de la capital granadina y de los espacios patrimoniales que han sido salvaguardados históricamente.
Ibáñez ha argumentado que la moción busca instar a la Junta de Andalucía a retirar o suspender el proyecto legislativo para reiniciar el proceso desde una base de consenso. El concejal ha criticado la tramitación del proyecto por considerarla apresurada e i
ecesaria, lo que limita la participación ciudadana en un tema de tal relevancia. En este sentido, ha enfatizado la importancia de no aprobar una ley de esta magnitud sin una evaluación pública del marco normativo anterior que justifique un cambio tan drástico.
Preocupaciones sobre la flexibilización de controles administrativos
El concejal ha explicado que el texto de la moción se origina en el trabajo conjunto con profesionales y expertos en patrimonio, quienes han expresado su preocupación por las implicaciones de la nueva ley. Uno de los puntos más críticos es la propuesta de flexibilización de los controles administrativos, donde se pretende sustituir las autorizaciones previas y rigurosas por figuras como la declaración responsable o la comunicación previa. Esto es especialmente preocupante en áreas de alta sensibilidad arqueológica, donde la falta de supervisión podría resultar en daños irreversibles.
La eliminación de la fiscalización previa puede propiciar situaciones en las que los daños al patrimonio ya se hayan consumado antes de que la administración tenga la oportunidad de intervenir. Ibáñez ha alertado sobre una visión «mercantilista» que permea el texto, subrayando que la ley limita la interlocución a los colegios oficiales, excluyendo a asociaciones profesionales de prestigio. Esta acción, según el concejal, silencia la pluralidad técnica y favorece modelos de gestión que priorizan el lucro sobre la función social del patrimonio como bien común.
Carga para las entidades locales y cuidados del patrimonio mundial
La moción también destaca la carga «inasumible» que se impone a las entidades locales con la nueva legislación. Ibáñez ha denunciado que la Junta busca atribuir responsabilidades adicionales a los ayuntamientos, como las labores de inspección y sanción, sin proporcionar recursos económicos o humanos adicionales. La falta de herramientas y reglamentos claros podría llevar a una situación de inseguridad jurídica para los municipios, que se ven obligados a asumir la responsabilidad de vigilar el patrimonio sin el apoyo adecuado.
Por otro lado, el Grupo Socialista ha expresado su preocupación por cómo el proyecto de ley trata el Patrimonio Mundial y la Memoria Democrática. El concejal ha señalado que lugares emblemáticos como el Albaicín requieren modelos de gobernanza específicos que se alineen con los criterios establecidos por la Unesco, algo que, a su juicio, la nueva normativa «diluye peligrosamente». Además, ha lamentado que la protección de los bienes vinculados a la Memoria Democrática quede relegada, lo que representa un «retroceso ideológico» que degrada estos patrimonios a un plano secundario.
Ibáñez ha concluido su intervención enfatizando que Granada no será cómplice del desmantelamiento de su identidad cultural, reafirmando la necesidad de proteger su patrimonio en todas sus dimensiones.