La Fiscalía de Málaga solicita la absolución en el caso del crecepelo
La Fiscalía de Málaga ha emitido un dictamen solicitando la absolución de cuatro personas acusadas en el conocido caso del crecepelo, donde se suministró minoxidil, un medicamento utilizado para tratar la caída del cabello, en lugar de omeprazol, un protector de estómago, a 21 niños en 2019. Este error, que afectó a menores de diversas comunidades autónomas, ha suscitado un gran debate sobre la responsabilidad penal en incidentes relacionados con la salud pública.
En el escrito presentado, el fiscal argumenta que los hechos no constituyen delito alguno y que los acusados carecen de responsabilidad penal. Con esta justificación, se insta al juez a dictar una sentencia absolutoria. La causa se centra en cuatro individuos y una empresa, acusados de delitos que van desde la negligencia profesional hasta infracciones contra la salud pública, en respuesta a las denuncias de los padres de los menores afectados.
Detalles del caso y las acusaciones
La investigación reveló que el suministro erróneo del minoxidil a los 21 menores, con edades comprendidas entre los dos meses y los siete años, generó perjuicios estéticos a los niños, quienes son residentes de comunidades como Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía. Ante esta situación, los padres de los menores se constituyeron como acusaciones particulares, solicitando la aplicación de penas que podrían implicar años de prisión y cuantiosas indemnizaciones por daños.
Según el auto de apertura de juicio oral, presentado anteriormente, una de las acusaciones particulares pide tres años de prisión para los acusados, además de una indemnización de 20.000 euros por daño reputacional. Sin embargo, las acusaciones no son uniformes, ya que otros grupos de representantes de los menores presentan diversas reclamaciones, algunas de las cuales se dirigen únicamente contra la empresa y su administrador único.
El papel de la Fiscalía y la evolución del proceso
La Fiscalía había solicitado previamente el sobreseimiento provisional del caso debido a la falta de pruebas suficientes para formular una acusación sólida. En su evaluación, se concluyó que, tras la suspensión del tratamiento con minoxidil, los niños no presentaron efectos adversos ni secuelas permanentes, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que no existía una base probatoria que justificara la continuidad del proceso penal.
Con la reciente solicitud de absolución, el caso ha tomado un giro significativo. La Fiscalía ahora sostiene que los acusados no son responsables de los daños causados a los menores y que, por lo tanto, la causa debe ser cerrada sin cargos. Esta decisión ha generado diversas reacciones entre las partes implicadas, y el tribunal deberá evaluar todas las pruebas y testimonios presentados antes de emitir su veredicto final.