El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tomado la decisión de desactivar la fase de preemergencia en la provincia de Granada, en el contexto del Plan ante el Riesgo Sísmico. Esta medida se ha implementado tras una evaluación técnica del fenómeno sísmico que comenzó a mediados de agosto y luego de recibir el último informe del grupo de sismología del Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres (GADE-CSIC).
Según el análisis realizado por los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha observado una disminución progresiva de la actividad sísmica en los últimos quince días, sin evidencias de aceleración en los parámetros observados. Los especialistas han notado una reducción en el número de terremotos diarios y en la energía liberada, mostrando una tendencia descendente desde el 24 de octubre. Sin embargo, los expertos advierten que la ciencia actual no permite predecir el término de esta actividad ni descartar la posibilidad de terremotos de mayor magnitud.
Un panorama de actividad sísmica intensa
Durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 28 de octubre, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado un total de 2.679 terremotos en la provincia, con una magnitud máxima de 4,8. De estos, 331 fueron perceptibles para la población, alcanzando una intensidad máxima de entre V y VI grados en la escala macrosísmica europea, que mide los efectos de los seísmos en personas, objetos y edificaciones.
La respuesta de la Junta de Andalucía se activó el 15 de agosto, cuando se declaró la fase de emergencia, situación operativa 1, con el objetivo de coordinar las acciones en la provincia. A medida que la situación fue evolucionando, se pasó a la fase de preemergencia el 15 de septiembre, enfocándose en la vigilancia y el seguimiento de la actividad sísmica. También se activó una fase de recuperación a partir del 8 de septiembre, destinada a abordar las consecuencias de los sismos.
Acciones de respuesta y recuperación
La respuesta ante esta crisis ha implicado una colaboración integral entre los servicios de emergencia, los ayuntamientos, la Diputación y diversos organismos científicos y técnicos. Las acciones realizadas incluyeron inspecciones de edificios, desalojos preventivos, alojamiento para las personas afectadas y atención tanto sanitaria como psicológica. Los daños reportados han consistido principalmente en grietas y desprendimientos en fachadas, cornisas y otros elementos arquitectónicos.
Hasta el 20 de octubre, los equipos técnicos habían llevado a cabo 1.188 inspecciones de inmuebles, de los cuales 810 fueron clasificados como «nivel verde» (sin daños que impidan su uso), 314 como «nivel amarillo» (requiriendo revisiones o medidas preventivas) y 64 como «nivel rojo» (sin acceso seguro). Además, el Consejo de Gobierno aprobó la asignación de siete millones de euros en ayudas para la recuperación de infraestructuras y recursos municipales afectados en 27 municipios de Granada.
Formación y simulacros para la prevención
Con el objetivo de mantener la preparación ante el riesgo sísmico, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha programado una jornada formativa para el próximo 9 de noviembre. Esta sesión estará dirigida a los responsables municipales de Protección Civil y seguridad, así como a las agrupaciones de voluntariado y las unidades de prevención de riesgos laborales de las delegaciones territoriales de la Junta en la provincia.
El programa incluirá temas como la evaluación de daños en edificaciones, planificación municipal y coordinación con el servicio de emergencias 112. También se abordarán pautas sobre apoyo psicológico, gestión de situaciones de alarma y comunicación con la ciudadanía. Expertos de la EMA, el Instituto Andaluz de Geofísica y el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres participarán en esta importante jornada.
Además, el 10 de noviembre se llevará a cabo un simulacro de terremoto en Granada, con la finalidad de poner en práctica los procedimientos de respuesta y la coordinación ante una emergencia sísmica, en el marco del ejercicio regional anual denominado Respuesta 26. Esta actividad busca fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y fomentar la preparación de la población ante posibles sismos en el futuro.