A juicio este martes por el impago de más de 630.000 euros en el IRPF de 2018

GRANADA, 27

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este martes, 28 de octubre, el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha solicitado tres años de prisión y más de dos millones de euros entre multa y responsabilidad civil para un empresario de 64 años por la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública. Este delito se relaciona con impagos por un importe de 633.150 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2018.

Detalles del Caso

Las rentas no declaradas derivaban de ingresos recibidos en las cuentas del acusado, provenientes de diversas entidades que él controlaba. En estas entidades, además de ser socio único o mayoritario, también ocupaba el cargo de administrador único. Según la Fiscalía, el procesado habría percibido en sus cuentas corrientes una serie de transferencias realizadas desde cuentas de estas sociedades por un total de 2.749.974 euros.

Una vez descontados los pagos realizados por las sociedades, que no se consideran rendimientos del trabajo y que no fueron incluidos por el obligado tributario en la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2018, la cuota defraudada por el IRPF habría ascendido a los 633.150 euros. Esta es la misma cantidad que la Fiscalía exige al procesado en concepto de indemnización conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria.

Consecuencias Legales

Por la presunta comisión del delito, la Fiscalía ha solicitado tres años de prisión y una multa de 1.400.000 euros. Este caso pone de manifiesto la importancia de la correcta declaración de ingresos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como las severas consecuencias legales que pueden derivarse de su incumplimiento.

LEER:  El PSOE expresa su oposición a la nueva subida de precios del cementerio, con un 25% acumulado

El juicio se llevará a cabo en un contexto donde la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad para las autoridades, lo que resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de las finanzas personales y empresariales.