GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
Un abogado de 62 años será juzgado este viernes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, enfrentándose a una solicitud de la Fiscalía que pide tres años de prisión y una multa de 3.240 euros. El letrado está acusado de la presunta comisión de un delito de estafa por un valor de 172.500 euros, tras haber firmado un contrato para la prestación de servicios profesionales con dos inversores.
El escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el abogado firmó el contrato el 8 de agosto de 2018 con el representante de una entidad empresarial, con la participación de una coinversora. El acuerdo contemplaba una «hoja de encargo y prestación de servicios profesionales», que incluía asesoramiento judicial y extrajudicial para la emisión de una carta de crédito de un banco de primer nivel, así como la gestión de dicha carta para obtener beneficios de un fondo.
Detalles del contrato y la presunta estafa
Según la Fiscalía, el precio total de la gestión se fijó en 300.000 euros. El acusado habría informado a los inversores sobre la emisión de un contrato de seguro que garantizaría la operación, aunque este documento nunca fue enviado. De hecho, la Fiscalía sostiene que no existía ninguna póliza a nombre del acusado, lo que indicaría una intención de engaño desde el inicio.
El ministerio público señala que el abogado, «una vez creada la apariencia de credibilidad necesaria», habría actuado con el propósito de obtener un beneficio ilícito. A sabiendas de que no cumpliría con el contrato, solicitó al representante de la entidad un primer pago de 172.500 euros, de los cuales 142.500 euros fueron abonados mediante un cheque nominativo a su nombre.
Pagos realizados y falta de cumplimiento
El cheque fue emitido por la demandante y depositado en una cuenta bancaria del acusado. Además, el inversor le entregó otros 30.000 euros en efectivo. Sin embargo, según la acusación, el abogado no cumplió con ninguna de las obligaciones estipuladas en el contrato ni devolvió las cantidades recibidas.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de estafa, dado que el acusado habría actuado con la intención de apropiarse del dinero sin prestar los servicios acordados. El juicio determinará si el abogado es culpable de los cargos que se le imputan.