SEVILLA, 4 – El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apoyado la concentración llevada a cabo por la comunidad educativa del CEIP San Ignacio de Loyola, ubicado en el barrio sevillano del Polígono de San Pablo. En este evento, trabajadores y familias de los alumnos del centro expresaron su rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar la institución para integrar a su comunidad en el colegio San Juan de Ribera, una medida que responde a la disminución del alumnado en la zona debido a la caída de la natalidad.
Según la Delegación de la Consejería de Educación, el centro público se fusionará con el CEIP San Juan de Ribera, dado que ambos colegios se encuentran a escasa distancia entre sí. La Junta ha asegurado que se mantendrá todo el personal y que el nuevo centro resultante de la fusión contará con mayores recursos educativos. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre los padres y educadores del CEIP San Ignacio de Loyola.
Impacto en la educación pública
El portavoz de Adelante Andalucía ha advertido que, con el cierre de este centro público, el Polígono de San Pablo se quedará con solo cuatro colegios públicos, además de dos colegios concertados que han incrementado sus plazas en los últimos años. “El Gobierno del Partido Popular tiene claro que quiere cerrar un centro y lo está haciendo de la manera más sucia posible, echando a pelear a dos centros y dos comunidades educativas”, afirmó García, refiriéndose también a la comunidad del CEIP San Juan de Ribera, que se opone a la fusión.
Además, la comunidad educativa ha manifestado su preocupación por la falta de garantías sobre la reubicación de todos los trabajadores del San Ignacio de Loyola en otros centros. Según García, esto podría resultar en “un recorte de personal que afectará a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo, quienes requieren estabilidad en su personal”. La Administración educativa ha desmentido esta afirmación, asegurando que se conservarán los recursos de educación especial.
Defensa de la educación pública
García ha calificado esta situación como un nuevo ataque a la educación pública, destacando que en el barrio existen dos centros concertados que ofrecen cientos de plazas y que no se verán afectados por la medida. “Siempre el ataque es a la educación pública y a los niños con necesidades educativas especiales”, subrayó el portavoz.
En respuesta a esta situación, José Ignacio García se ha comprometido a llevar al Parlamento de Andalucía una pregunta parlamentaria dirigida a la Consejera de Educación, con el objetivo de esclarecer el futuro del colegio, así como el del personal y el alumnado del centro. Esta acción busca garantizar que se tomen en cuenta las necesidades de la comunidad educativa y se protejan los derechos de los estudiantes.