MADRID/SEVILLA, 31. Las comunidades autónomas iniciaron el año 2025 con un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 27,96 días. En este contexto, las Islas Baleares (68,39 días) y la Región de Murcia (66,21 días) se destacaron como las que más tiempo tardaron en realizar sus pagos, superando los dos meses de demora. Por otro lado, Andalucía logró situarse por debajo de la media autonómica en enero, con un plazo de 23,29 días.
Estos datos han sido proporcionados por el Ministerio de Hacienda, que ha indicado que el tiempo medio de pago de las comunidades se redujo en 0,33 días en comparación con diciembre, lo que representa una disminución del 1,17%. Esta reducción permitió que el PMP finalizara el año por debajo del plazo máximo de 30 días establecido en la normativa vigente.
Plazos de Pago en la Administración Central y Local
En cuanto a la Administración Central, el plazo de pago en el primer mes del año se ha registrado en 24,05 días. Las entidades locales, bajo el modelo de cesión, presentaron un PMP de 31,56 días en enero. Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social reportaron un plazo de 12,48 días en el mismo mes.
Las comunidades que menos tiempo tardaron en realizar sus pagos fueron Madrid (16,11 días), Canarias (16,37 días), Castilla-La Mancha (21,11 días), Cantabria (21,31 días), País Vasco (22,39 días), Extremadura (22,88 días), Andalucía (23,29 días), Castilla y León (23,91 días), Aragón (25,3 días), Cataluña (26,96 días) y Navarra (27,28 días), según los datos proporcionados por Hacienda.
Regiones con Mayor Demora en los Pagos
En contraste, las comunidades que superaron la media de pago fueron la Comunidad Valenciana (32 días), La Rioja (32,36 días), Asturias (39,05 días), Murcia (66,21 días) y Baleares (68,39 días), todas ellas registrando plazos de pago por encima de la media autonómica en diciembre.
Estos datos reflejan la situación actual del PMP en las diferentes comunidades autónomas, evidenciando las disparidades en los plazos de pago a proveedores y la necesidad de seguir mejorando en la gestión financiera para asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.