Andalucía se posiciona como referente en mediación con servicios pioneros que anticipan la Ley de Eficiencia

SEVILLA, 19

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha destacado que Andalucía se posiciona como un referente en mediación, gracias a la implementación de medidas y servicios innovadores que el Gobierno andaluz ha desarrollado, anticipándose a la inclusión de los medios alternativos de solución de controversias en la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Fomento de la Mediación en el Ámbito Judicial

Esteban Rondón, director general de Justicia Juvenil y Cooperación, ha instado a los profesionales del ámbito jurídico a convertirse en «aliados» de la Consejería de Justicia en la Estrategia de Mediación, cuyo objetivo es «promover un cambio cultural que disminuya la elevada tasa de litigiosidad y la carga de trabajo en los juzgados, fomentando así la cultura del diálogo y el acuerdo».

Rondón participó en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Sevilla, centrada en el impacto de la ley, que abordó ‘Los medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad en la Jurisdicción Civil’. En este evento, el director general compartió mesa con la jueza de Familia María José Cuenca, el decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda, y el abogado y mediador Álvaro Mendiola.

Iniciativas de Mediación y Resultados Alcanzados

En una segunda mesa redonda, Pilar González Sepúlveda, coordinadora del Punto de Información a la Mediación (PIMA) en Sevilla, también participó. La creación de los PIMA en 2021, ubicados en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades, marcó el primer paso del Gobierno andaluz para dar a conocer esta alternativa de resolución de conflictos. Sin embargo, «ha sido en esta legislatura cuando hemos dado un impulso definitivo a la mediación, adelantándonos a la Ley de Eficiencia», enfatizó Rondón.

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Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma que integra la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. A partir del 1 de enero de 2024, los andaluces que cumplan con los requisitos para solicitar asistencia jurídica de un abogado de oficio podrán hacerlo para procesos de mediación. En el primer año de implementación, los profesionales del sistema de Justicia Gratuita han logrado cerrar 186 acuerdos, lo que ha llevado a la Junta a abonar un total de 74.400 euros por la asistencia letrada en estos procedimientos.

Avances en Mediación Penal y Social

Además, en mayo de 2024, se puso en marcha el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa), un servicio público y gratuito que inicialmente operó en cinco provincias y desde septiembre se ha extendido a toda la comunidad. Durante este periodo, los juzgados penales han derivado más de 2.000 casos, principalmente relacionados con delitos leves como lesiones, amenazas y hurtos. Esto ha permitido evitar casi un millar de juicios, que de otro modo habrían permanecido en los tribunales durante uno o dos años, logrando resolverse en un promedio de 30 días.

Asimismo, en el ámbito de la Jurisdicción Social, se ha establecido un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, permitiendo que estos profesionales actúen como mediadores en conflictos laborales. Este esfuerzo busca ofrecer una segunda oportunidad en casos de despidos, reclamaciones de cantidad y otras controversias entre trabajadores y empresas.

El siguiente objetivo es la creación de un nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil, en el que ya se está trabajando para su pronta implementación, así como la creación de un Registro andaluz de mediadores. Además, la Junta tiene previsto establecer un Consejo Asesor de Mediación y ha lanzado la campaña ‘Mediar es Avanzar’ para promover un cambio de la cultura del pleito hacia la del diálogo.

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Rondón ha subrayado que todas estas iniciativas ya están dando resultados, ya que Andalucía ha pasado de tener la segunda tasa de litigiosidad más alta en 2023 a situarse en la quinta posición en septiembre de 2024, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.