CÁDIZ, 8 – La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha exigido este sábado que «se haga justicia» en el caso de Barbate, coincidiendo con el primer aniversario del trágico asesinato de dos guardias civiles, Daniel Núñez y Miguel Ángel González, quienes fueron «arrollados brutalmente por una narcolancha mientras cumplían con su deber».
En una declaración, Jucil ha recordado que está personada como acusación popular y representa los intereses de dos compañeros que se encontraban en la embarcación en el momento del incidente.
Exigencia de Agilización del Proceso Judicial
La asociación ha considerado que es «imprescindible agilizar la causa». A pesar de que ha pasado un año desde los hechos, la situación en la zona no ha mejorado, sino que ha empeorado, lo que ha llevado a la Guardia Civil a enfrentar el narcotráfico con medios insuficientes.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, ha señalado que el creciente avistamiento de narcolanchas y petaqueras es un claro indicativo de que el problema se está arraigando en los pueblos costeros. En su momento, la asociación profesional solicitó la apertura de una comisión de investigación para analizar lo sucedido y garantizar que un crimen de esta naturaleza no se repita.
Falta de Responsabilidades Políticas
Vilariño ha expresado que «el Estado ha fallado a sus fuerzas de seguridad», y ha añadido que, un año después de los asesinatos, no se han depurado responsabilidades políticas ni entre los mandos implicados en el suceso. «A nivel político y jerárquico es como si no hubiese ocurrido nada», ha declarado el secretario general de Jucil.
La situación actual plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los agentes y la eficacia de las medidas contra el narcotráfico, lo que pone en riesgo no solo a los miembros de la Guardia Civil, sino también a la comunidad en general.