
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada, Carlos Aránguez, abogado defensor de Juana Rivas, la madre de Maracena condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, ha planteado este martes una serie de medidas destinadas a mejorar la sensibilidad de la justicia hacia las víctimas de violencia machista. Según Aránguez, estas víctimas a menudo presentan comportamientos «erráticos» o incluso «histriónicos», lo que requiere un enfoque más empático por parte de los profesionales del ámbito judicial.
Aránguez realizó estas declaraciones en el grupo de trabajo sobre la lucha contra la violencia de género en Andalucía, constituido en el Parlamento andaluz. Durante su intervención, también calificó el caso de Juana Rivas como un ejemplo de «violencia institucional». Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión tras llevarse a sus hijos de Italia en 2016 sin el consentimiento del padre y permanecer en paradero desconocido durante un mes en 2017, incumpliendo resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los menores al progenitor, a quien había denunciado por malos tratos.
Propuestas para mejorar la sensibilidad judicial
El abogado destacó que, aunque España cuenta con una normativa «excelente» en materia de violencia de género y la legislación autonómica es «satisfactoria», persiste una «falta de sensibilidad» y «desconocimiento» en el sistema judicial respecto a las víctimas. Para abordar esta problemática, propuso tres acciones concretas.
En primer lugar, sugirió la creación de clínicas legales en cada una de las ocho provincias andaluzas, en colaboración con las facultades de Derecho de las universidades. Según Aránguez, esta medida, de «bajo coste», permitiría a los estudiantes adquirir una perspectiva más cercana a las víctimas, ayudando a reducir el «divorcio entre la teoría y la práctica» y mejorando la percepción de los operadores jurídicos sobre estas personas.
Asimismo, propuso implementar una certificación de especialización en violencia de género para los profesionales que atienden a las víctimas en primera instancia, como miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio. Según el abogado, «simplemente escuchar» puede ser de gran utilidad para estas personas, que a menudo se enfrentan a víctimas con actitudes que pueden variar desde una «pasividad absurda» hasta una conducta «agresiva».
El caso de Juana Rivas y la violencia institucional
Aránguez calificó el caso de Juana Rivas como un ejemplo de «violencia institucional», aunque reconoció que este tipo de situaciones son «absolutamente residuales» en el sistema judicial español, que consideró «bastante aceptable» salvo por la «gravísima lacra» de la lentitud. Según el abogado, en los inicios del caso de Rivas se produjeron actuaciones que «pisotearon los derechos de la víctima».
El letrado explicó que, al asumir la defensa de Rivas, trabajó para revertir el proceso en Italia, incluyendo aspectos relacionados con la violencia familiar. A pesar de que Rivas fue condenada por sustracción de menores, Aránguez señaló que ella se sintió «victimizada por el sistema» y actuó bajo la creencia de estar «protegiendo a sus hijos». En sus palabras, el caso refleja «un error inicial y un corporativismo feroz» dentro de la judicatura.
Avances y desafíos en el grupo de trabajo
El grupo de trabajo sobre violencia de género en Andalucía, en el que también participaron el catedrático de Psicología de la Universidad de Granada Jesús López Megías y la profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla Rafaela Caballero Andaluz, continúa abordando los desafíos en esta materia. Este órgano parlamentario fue creado a instancias del Grupo Socialista en agosto de 2023 y ha celebrado 16 sesiones desde febrero de este año.
El Pleno del Parlamento andaluz debatirá este miércoles la prórroga del grupo de trabajo, que tiene como objetivo realizar su cometido hasta el final del próximo periodo de sesiones, comprendido entre septiembre y diciembre. Desde su constitución en octubre del pasado año, el grupo ha trabajado en la recopilación de propuestas y análisis de expertos para avanzar en la lucha contra la violencia de género en la región.