
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén ha tomado la decisión de limitar las horas presenciales en las asignaturas de grados y másteres a un máximo de nueve horas por crédito. Esta medida busca reducir la carga horaria en aquellos casos donde actualmente se superan las nueve horas. Según el rector, Nicolás Ruiz, esta iniciativa tiene como objetivo “seguir avanzando en la armonización” con el Sistema Universitario Público Andaluz y asegura que “no supondrá, en modo alguno, despidos”. La propuesta fue aprobada por mayoría en la reunión celebrada el lunes por el mencionado consejo. Sin embargo, la sección sindical de CCOO se ha manifestado en contra, argumentando que esta decisión “devalúa” la enseñanza y podría llevar al despido de numerosos profesores interinos.
Defensa de las Nuevas Medidas
El rector ha defendido las “líneas estratégicas y programáticas” aprobadas en el Consejo de Gobierno en relación a las titulaciones oficiales de grado y máster, con el fin de iniciar la elaboración del contrato-programa estructural para el año 2025 entre la Universidad de Jaén y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Ruiz ha explicado que, para avanzar en la armonización con el Sistema Universitario Público Andaluz y garantizar la financiación asociada al contrato-programa, se ha decidido realizar una modificación no sustancial en las memorias de título. Esto implica que todas las materias de las distintas titulaciones que tengan una presencialidad por crédito FTS superior a nueve horas se ajusten a dicho límite.
Además, se ha acordado que en todas las titulaciones de la Universidad de Jaén se ofrecerán dos asignaturas optativas por cada asignatura optativa que deba cursar el estudiante. Con esta medida, la UJA se alineará con los valores medios establecidos por la Consejería para el sistema universitario público andaluz. El rector ha enfatizado su compromiso de que estas medidas no resultarán en despidos y que se contratará nuevo profesorado no solo para cubrir necesidades, sino también para garantizar un relevo generacional, tal como prometió durante su campaña electoral.
Preocupaciones de los Sindicatos
A pesar de las explicaciones del rector, CCOO ha manifestado su preocupación, argumentando que la reducción de horas de clases presenciales afecta negativamente la calidad de la formación de los estudiantes de grado y máster. Según el sindicato, esta medida podría interpretarse como un ERE encubierto, ya que facilitaría el despido de decenas de profesores interinos y podría limitar la posibilidad de contratar a nuevos profesores estructurales que deberían incorporarse a la UJA gracias a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Asimismo, se ha señalado que la propuesta ha encontrado oposición en todas las facultades y centros de la UJA, con la excepción de la Escuela Politécnica de Linares. Los representantes de estas facultades han expresado su preocupación por el “grave perjuicio” que esta decisión podría ocasionar en el desarrollo normal de los grados y másteres, así como en el futuro de la plantilla docente y en la sociedad jiennense en general. El sindicato ha criticado al rector por “respaldar los recortes presupuestarios” que la Junta de Andalucía ha estado aplicando a las universidades, considerándolo cómplice del desprecio hacia la Universidad de Jaén.
Moción del Ayuntamiento de Jaén
En el contexto de la situación financiera de la UJA y de otras universidades públicas andaluzas, el pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado recientemente una moción en contra del “incumplimiento reiterado” por parte de la Junta de los acuerdos firmados con los rectores y los representantes de los trabajadores. Esta moción, presentada por el PSOE y leída por Luis Sánchez, en representación de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, ha contado con el apoyo del grupo proponente, Voz y Jaén Merece Más, y la abstención del PP.
La situación financiera de las universidades públicas andaluzas sigue siendo un tema de gran preocupación, y la reciente decisión del Consejo de Gobierno de la UJA ha reavivado el debate sobre la calidad educativa y la estabilidad laboral del profesorado. En este contexto, las medidas adoptadas por la universidad serán objeto de seguimiento y análisis por parte de la comunidad educativa y los sindicatos.