«Las posibles deficiencias jurídicas no suponen inobservancia de los trámites», ha afirmado el juzgado, subrayando que no se ha encontrado «infracción penal».
SEVILLA, 27. El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha decidido el sobresimiento provisional de la investigación que surgió a raíz de las denuncias interpuestas por Vox y el PP. Estas acusaciones estaban relacionadas con presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, bajo el gobierno del PSOE, con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía. Este acuerdo tenía como objetivo que dicha entidad gestionara la moneda social ‘Ossetana’.
Decisión del Juzgado
En un auto fechado el 26 de febrero, el juzgado ha ordenado el «sobresimiento provisional de las actuaciones», dejando abierta la posibilidad de que los partidos políticos denunciantes, Vox y el PP, puedan ejercer acciones civiles y administrativas en el futuro.
Tras una exhaustiva revisión del caso, el juzgado ha determinado que no se han encontrado «irregularidades o actuaciones irregulares» que pudieran ser consideradas como constitutivas de infracción penal. En este sentido, se ha valorado la declaración de la Secretaria General del Ayuntamiento desde 2019, Miriam Cornejo, quien indicó que su actuación era una advertencia para el futuro, pero que hasta la fecha las subvenciones se habían otorgado conforme a la ley. Otros testigos, como Juan Alfredo Guzmán, interventor del Ayuntamiento entre diciembre de 2018 y junio de 2020, corroboraron que la subvención cumplía con los requisitos básicos para su validez, aunque su regulación pudiera ser mejorada.
Irregularidades y su impacto
El juzgado ha señalado que «las posibles deficiencias jurídicas» en la tramitación o ejecución del convenio, como han indicado tanto el interventor como la secretaria, no implican una inobservancia de los trámites del procedimiento. Además, se ha demostrado que se trataba de una subvención normativa, lo que significa que no estaba sujeta a los principios de concurrencia e igualdad. En cuanto a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, se ha identificado una posible irregularidad en su doble papel como colaboradora y beneficiaria, pero esta situación no afectó a los intereses generales del Ayuntamiento ni de la población, según el juzgado al archivar la causa.
Esta decisión se produce tras la investigación de varios ediles del PSOE. En 2023, el juzgado había acordado investigar a Fernando Pozo, quien ocupaba el cargo de edil de Planificación Urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, así como a otros exediles como Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell. También se incluyeron a María José Quesada, exconcejal de Régimen Interior, y a María Rocío León, entre otros.
Informe de la Guardia Civil y conclusiones del juzgado
El juzgado recibió un informe de la Guardia Civil que, según los denunciantes, confirmaba la existencia de un caso de «corrupción». Sin embargo, los socialistas argumentaron que dicho informe descartaba cualquier indicio de malversación de caudales públicos. Finalmente, el juzgado ha concluido que no se ha acreditado la existencia de delitos de prevaricación administrativa ni de malversación de fondos públicos, tras un análisis detallado del asunto.