La moción del PP para el Ingreso Mínimo Vital en Málaga
El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción que será debatida en el próximo pleno, la cual busca instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a mejorar la coordinación con los ayuntamientos. Los ‘populares’ argumentan que es necesario dotar a estas entidades de los recursos materiales y humanos que les permitan hacer frente a la carga administrativa que conlleva la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Además, la iniciativa incluye propuestas para que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de España la creación de una figura profesional que sirva de referencia para el acompañamiento individualizado de personas y unidades de convivencia que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema y que sean solicitantes o beneficiarias del IMV. Este aspecto es crucial, ya que muchas de estas personas requieren un seguimiento cercano para acceder a sus derechos y oportunidades de inclusión social.
Deficiencias en la tramitación del IMV
La moción del PP también destaca la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga pida al Ministerio información detallada sobre los programas e itinerarios de inclusión sociolaboral vinculados al IMV, incluyendo datos sobre su ejecución, evaluación y resultados. La falta de información y transparencia en este ámbito ha sido señalada como un obstáculo para la correcta gestión de la prestación.
El IMV, establecido mediante el Real Decreto-ley 20/2020 y regulado por la Ley 19/2021, está diseñado para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en unidades de convivencia en situaciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, el PP ha señalado que, a pesar de las buenas intenciones de la norma, la experiencia acumulada en los últimos cinco años ha evidenciado serias carencias en su aplicación práctica. La tramitación del IMV se realiza principalmente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, lo que puede convertirse en una barrera tecnológica para muchos solicitantes, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Los ‘populares’ han puesto énfasis en el papel crucial que desempeñan las entidades del tercer sector en la tramitación del IMV. Organizaciones como Asaec han recibido un gran volumen de solicitudes, y la tasa de denegación de estas solicitudes ha sido alarmante. En 2025, de las 1.431 solicitudes recibidas, un 56,6% fueron denegadas, a pesar de que un alto porcentaje de estas personas podría tener derecho a la renta autonómica de inserción social.
Impacto en la inclusión sociolaboral
Otro aspecto que el PP ha señalado es la necesidad de analizar la eficacia del IMV en términos de inclusión sociolaboral. Aunque la ley prevé la participación de las personas beneficiarias en estrategias de inclusión, se hace fundamental conocer los programas específicos que se están desarrollando para facilitar su transición hacia el empleo y la autonomía económica.
La moción también hace hincapié en las deficiencias persistentes que enfrentan los ayuntamientos, que deben asumir la emisión y renovación de certificados relacionados con el IMV sin recibir compensaciones económicas del Estado. Esta carga administrativa representa un desafío adicional para los consistorios, que ya están sobrecargados en sus funciones.
Finalmente, se apunta que la falta de comunicación por parte de la Seguridad Social a los ayuntamientos respecto a si las personas para las que se emiten certificados resultan finalmente beneficiarias complica aún más la correcta planificación y gestión de las renovaciones en plazos ajustados. Esta situación no solo afecta a las administraciones, sino que también repercute en aquellas personas que requieren una atención oportuna y efectiva para mejorar su calidad de vida.