SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, afirmó este miércoles en el Pleno del Parlamento que «los informes de la Intervención están por encima de los Servicios Jurídicos (del SAS), por eso no hay aval jurídico alguno». Esta declaración se produjo durante el turno de réplica de la oposición a la intervención de la consejera de Salud, quien abordó la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia y pospandemia de coronavirus.
Márquez señaló que «lo que presentan como aval será menosprecio al ordenamiento jurídico», refiriéndose a los informes del Servicio Jurídico del SAS presentados por el Gobierno. Además, destacó que la Fiscalía Anticorrupción apunta «al mismísimo Consejo de Gobierno», en relación con la investigación judicial llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.
El parlamentario socialista subrayó que «todo se podía haber evitado si el Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 no hubiera eliminado los controles previos». Según Márquez, esta decisión fue «el epicentro de un sistema de contratación irregular con menoscabo de fondos públicos». Asimismo, cuestionó si al Gobierno andaluz «no le pareció temerario» confiar en «la autodisciplina y madurez de los gestores del SAS».
Críticas de la oposición y acusaciones de irregularidades
La diputada de Vox, Cristina Alejandra Jiménez, hizo referencia a la condena a UGT Andalucía por falsedad en documento mercantil y fraude con subvenciones, y consideró que el debate actual aborda «el talón de Aquiles de la gestión sanitaria que está diseccionando un juzgado sevillano». Jiménez afirmó que «sabían que no podían derivar a través de esos contratos a dedo, como le advertía (la Consejería de) Hacienda». También invocó el informe de la Cámara de Cuentas y criticó la sustitución de la fiscalización previa por un control financiero permanente, calificándolo como «más laxo».
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, reprochó a la consejera de Salud que «ha venido usted a dar explicaciones que no le correspondía dar para explicar algo que lleva dos meses en el candelero». Nieto ironizó sobre la ausencia de la consejera de Economía, Carolina España, y señaló que «no es excusa la pandemia para justificar lo injustificable». Además, calificó las actuaciones del Gobierno como «corrupción política» y lamentó que no se asuma «ni una sola responsabilidad».
La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, también se mostró crítica, afirmando que «es más fácil hacer favores a amigos que invertir en la sanidad pública». Mora cuestionó la existencia de tres imputados y acusó al Gobierno de «saquear el patrimonio de los andaluces para entregárselo a la élite de sus amigos». Concluyó que «Andalucía no es un cortijo ni es su cortijo».
Defensa del Gobierno y la gestión sanitaria
La diputada del Grupo Popular, Beatriz Jurado, defendió la gestión sanitaria en Andalucía bajo el liderazgo del PP, calificándola de «ejemplar». Jurado acusó al PSOE de utilizar la sanidad como herramienta para «erosionar» al Gobierno andaluz y afirmó que «no hay más corrupción que Sánchez, Koldo, Begoña y sus contratos». Además, pidió a los socialistas que «no vengan a ensuciar a Andalucía con contratos de emergencia en momentos complicadísimos».
En su turno de réplica, la consejera de Salud, Rocío Hernández, expresó su «máximo respeto» a la Justicia y aseguró que tanto el SAS como la Consejería de Salud están «a disposición de lo que se nos pida desde el juzgado». Asimismo, defendió a los tres gerentes del SAS citados por el juzgado y destacó la labor de la actual gerente, Valle García, a quien calificó como «una gestora excelente, además de mejor persona».
Hernández también insistió en que «no es cierto que el Servicio Andaluz de Salud haya realizado nuevos contratos de emergencia después del 17 de mayo de 2023». Según explicó, las «adendas» posteriores a esa fecha no son contratos adicionales ni implican un aumento del gasto sanitario, sino que se formalizaron para cubrir el pago de servicios prestados durante la vigencia de los acuerdos de emergencia. Además, subrayó que «todas» estas adendas están publicadas en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.
Por último, la consejera argumentó que «los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía muestran exclusivamente posibles defectos administrativos de forma». También destacó que las ampliaciones del uso del procedimiento fueron avaladas por la Asesoría Jurídica del SAS, defendiendo así la legalidad de las actuaciones realizadas.