UTRERA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), liderado por el popular Francisco Jiménez, quien anteriormente fue alcalde andalucista, ha presentado un recurso por la vía Contencioso Administrativa contra el acuerdo plenario que aprobó de forma definitiva la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública, conocida como la zona azul.
Este recurso, tramitado bajo el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, ha sido admitido por el Juzgado de lo Contencioso número diez de Sevilla. Dicho juzgado ha solicitado al Ayuntamiento el expediente administrativo, junto con los informes y datos pertinentes, para determinar si la normativa municipal cumple con las disposiciones legales, según consta en un decreto fechado el 4 de noviembre.
La justificación del Ayuntamiento
Consuelo Navarro, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Utrera, defendió la aprobación de la ordenanza argumentando que la implementación de la zona azul responde a la necesidad de solucionar los problemas relacionados con el estacionamiento en el centro de la ciudad. Según Navarro, esta medida busca facilitar la rotación de vehículos en las plazas disponibles, permitiendo que más conductores puedan acceder a estacionamientos para realizar gestiones en una zona que concentra gran parte de la actividad comercial y administrativa.
En relación con las tarifas, Navarro aseguró que se ha diseñado un sistema económico que garantice la sostenibilidad del servicio sin afectar significativamente el bolsillo de los ciudadanos. «No se trata de una medida recaudatoria, sino de resolver un problema de movilidad», afirmó. La ordenanza establece un coste mínimo de 0,40 euros por 30 minutos de estacionamiento, con un incremento de 5 céntimos por cada 5 minutos adicionales, hasta un máximo de 1,70 euros por 2 horas.
El recurso del Grupo Socialista
Por su parte, el Grupo Socialista ha cuestionado el procedimiento seguido para la aprobación de la ordenanza, señalando una posible falta de transparencia. Según los socialistas, no se incluyeron documentos clave como el informe económico financiero de 2022 y un informe de septiembre de 2024 relacionado con la desestimación de sus alegaciones. Además, han señalado la existencia de «informes económicos contradictorios» sobre los ingresos que generaría la zona azul para la empresa contratista encargada de su explotación.
El PSOE considera que estas irregularidades generan «dudas» sobre la operación y acusan al Gobierno local de vulnerar sus derechos fundamentales como grupo de oposición. Por ello, han decidido impugnar la ordenanza por la vía Contencioso Administrativa, argumentando que esta normativa será la base para la futura licitación del servicio, que estará gestionado por una empresa privada.