
SEVILLA, 5 – El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha exigido este miércoles el cese inmediato del presidente provincial del PP, Ricardo Sánchez, de su puesto como delegado del Gobierno andaluz en la provincia. Esta solicitud se fundamenta en su implicación en una investigación junto a su sucesor en la Alcaldía de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López, y el exapoderado de la empresa Previpaz SL, Francisco Rodríguez Roa, por posibles delitos relacionados con un proyecto para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul.
Recio ha afirmado que «Ricardo Sánchez no puede seguir al frente de la Delegación de la Junta en Sevilla ni un solo día más». Según él, no es posible que una persona involucrada en un caso de corrupción urbanística defienda los intereses de la provincia. Además, ha señalado que la decisión judicial se basa en un informe «demoledor» de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Investigaciones y citaciones judiciales
El juzgado ha citado a Ricardo Sánchez para que comparezca el 3 de marzo como investigado, mientras que el actual alcalde popular de Mairena del Alcor será convocado al día siguiente, y Francisco Rodríguez Roa el 13 de marzo. En total, también se han incluido como investigados a Juan Alfonso F.C., redactor del proyecto; José N.G., vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos; y José Antonio G.G., del gabinete jurídico de dicha agencia.
Las acusaciones incluyen un presunto delito de administración desleal para Ricardo Sánchez, y posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias para otros implicados. El juzgado ha recordado que el caso se origina a partir de una denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor por un presunto delito continuado de prevaricación.
Denuncia del PSOE y el proyecto del tanatorio
Según la denuncia inicial del PSOE, en 2015, durante la alcaldía de Ricardo Sánchez, el Ayuntamiento promovió un estudio de viabilidad para la construcción de un tanatorio en el cementerio municipal. Aunque el pleno aprobó el proyecto y se licitó la redacción técnica, el PSOE sostiene que Sánchez no impulsó la materialización del acuerdo, lo que llevó a una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
Además, en 2017, el Ayuntamiento vendió dos parcelas municipales donde se ubica el tanatorio privado, adjudicando el contrato a la mercantil Compañía Pineda Álvarez por un importe significativamente inferior a su valor real. La denuncia también destaca que en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación, que había sido norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público.
Irregularidades en la concesión de licencias
El informe de la Policía Judicial indica que el proyecto careció de las licencias necesarias para la ejecución de las obras del tanatorio. Se destaca que José Antonio G.G., de la Agencia Pública de Servicios Urbanos, aprobó la concesión de una licencia de obra mayor cuando debería haber declarado la caducidad del expediente.
El juzgado ha subrayado que los responsables de las empresas implicadas se beneficiaron de una inusual y rápida diligencia administrativa en la emisión de informes y resoluciones favorables, omitiendo la labor inspectora que debía llevar a cabo la Agencia Urbanística durante más de dos años.
