HUELVA, 6 – El PSOE de Huelva ha expresado su preocupación por la falta de transparencia que rodea al Gobierno de Moreno, tras conocerse que la Unión Europea ha iniciado una investigación sobre la autorización de la balsa de residuos tóxicos en Valdelamusa. En este contexto, la parlamentaria andaluza Susana Rivas ha exigido garantías para los vecinos y para la minería de la provincia, señalando que este Gobierno ya cuenta con un amplio historial de ilegalidades en sus procedimientos.
Rivas ha reiterado que el PSOE de Huelva, junto a los vecinos, había advertido a la Junta de Andalucía sobre la necesidad de garantizar la seguridad al autorizar una balsa de residuos tóxicos a tan solo 500 metros de las viviendas, sin contar con las garantías técnicas y jurídicas necesarias. La parlamentaria ha señalado que desde el inicio les preocupó la denuncia de los vecinos, quienes afirmaron que la Junta estaba priorizando intereses políticos sobre el interés general, y ahora la respuesta de Europa parece darles la razón.
Preocupaciones sobre la seguridad ambiental
La parlamentaria ha enfatizado su preocupación por la seguridad del pueblo debido a la ubicación de esta balsa, que se encuentra en un entorno natural de gran valor, con un pinar de más de 50 años catalogado como Zona Verde de Especial Protección. «Es fundamental estudiar detenidamente la autorización de una instalación de este tipo en un espacio ecológicamente sensible y tan cercano a una zona habitada», ha añadido.
Rivas ha manifestado que el PSOE estará «muy vigilante» ante las acciones del Gobierno de Juanma Moreno, y continuará exigiendo que actúe con responsabilidad, dejando de lado otros intereses en favor del bienestar y la seguridad de los habitantes de Valdelamusa.
Compromisos incumplidos del Gobierno
En otro orden de cosas, Rivas ha señalado que hoy el presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha planteado en la Cámara Autonómica la situación del vertedero de Nerva, comprometiéndose nuevamente con su cierre. Sin embargo, Rivas ha considerado inaceptable que no solo este Gobierno de la derecha no esté cerrando el vertedero, sino que también haya promovido el depósito de 78.000 toneladas adicionales de residuos peligrosos.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y responsabilidad por parte de las autoridades, en un contexto donde la salud y la seguridad de los ciudadanos deben ser la prioridad.