GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los ayuntamientos de Castril de la Peña y Cortes de Baza, ambos situados en la provincia de Granada, contra el Real Decreto que aprobó la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Con esta decisión, el alto tribunal avala la legalidad de las obras del trasvase del río Castril, que conectan la presa de El Portillo con el municipio de Baza, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En ella, se desestiman las pretensiones de los ayuntamientos mencionados, que junto a la Plataforma para la Defensa del Río Castril, habían solicitado la anulación de la obra de emergencia destinada a la conducción de agua desde el embalse de El Portillo hasta Baza.
Obras en el río Castril y su legalidad
Los demandantes sostenían que las obras carecían de respaldo legal y que se habían llevado a cabo mediante un procedimiento irregular. Sin embargo, tras analizar exhaustivamente la documentación del expediente, el Tribunal Supremo ha descartado estas alegaciones, confirmando la legalidad de las actuaciones.
Las obras en cuestión fueron realizadas entre los años 2008 y 2010, y forman parte de un proyecto más amplio que incluye otras infraestructuras en el valle del río Castril. Dichas infraestructuras están recogidas en el programa de medidas de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua a diversas localidades de la zona.
Abastecimiento a municipios y caudales ecológicos
El plan contempla la garantía de abastecimiento para los municipios de Baza, Caniles, Zújar y Freila, con la posibilidad de incluir a otras localidades cercanas. Actualmente, la conducción de agua desde el embalse de El Portillo hasta Baza se encuentra en un estado avanzado de ejecución, aunque aún requiere algunas actuaciones puntuales para su finalización.
El Tribunal también ha señalado que la obra no está destinada a trasvasar la totalidad del caudal del río Castril, sino que la conducción está diseñada específicamente para abastecer a las localidades de Zújar, Baza y Freila, cumpliendo con los parámetros establecidos. Además, la sentencia respalda los caudales ecológicos fijados por la Administración en el proyecto, desestimando las alegaciones de los ayuntamientos que insistían en la supuesta ilegalidad de las obras de emergencia.