MOTRIL (GRANADA), 25
El Delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este martes como “irresponsabilidad” la decisión del Gobierno andaluz de renunciar a la condonación de deuda ofrecida por el Ministerio de Hacienda, a través de mecanismos de financiación estatales como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Compartimento de Facilidad Financiera. Esta renuncia implicaría que Andalucía dejaría de pagar un total de 18.891 millones de euros.
Impacto en la Deuda de Andalucía
En declaraciones a los medios en Motril, antes de participar en un acto sobre infraestructuras en la costa granadina, Fernández subrayó que la repercusión de esta decisión va más allá de simplemente ajustar el contador de la deuda de Andalucía, que actualmente se aproxima a los 40.000 millones de euros (39.842 millones). Aceptar la condonación significaría una reducción del 47% en esta cifra.
El Delegado se mostró “absolutamente convencido” de que aceptar esta propuesta facilitaría que en futuros presupuestos se consideren actuaciones para mejorar la financiación de infraestructuras. En el contexto actual, donde se discuten las infraestructuras, estas inversiones son fundamentales para garantizar la mejora de los servicios públicos, incluyendo sanidad, educación y dependencia.
Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Fernández hizo estas declaraciones un día antes de que el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordará esta propuesta presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta propuesta contempla una quita de 83.252 millones de euros para todas las regiones.
El representante del Gobierno en Andalucía enfatizó que la oferta específica para la comunidad autónoma representa “una quita muy importante”, destacando que se trata de deuda acumulada principalmente durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Fernández instó a la Junta de Andalucía a aceptar estos casi 19.000 millones de euros, argumentando que es la comunidad autónoma que más se beneficiaría de esta medida.