GÓJAR (GRANADA), 25
El Ayuntamiento de Gójar, ubicado en el área metropolitana de Granada, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza de movilidad del consistorio de la capital granadina. Esta normativa limita la entrada de vehículos provenientes de los municipios del cinturón en la ciudad, en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comenzará a aplicarse con sanciones a partir del miércoles, 1 de octubre.
Irregularidades en el Procedimiento
Según ha informado el Ayuntamiento de Gójar en un comunicado, los servicios jurídicos han determinado que el procedimiento seguido en la capital granadina, gobernada por el PP, para el diseño de la ZBE «es irregular y amenaza directamente la vida cotidiana de miles de vecinos del área metropolitana».
El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, del PSOE, ha enfatizado que el consistorio «no se ha limitado a presentar alegaciones, sino que ha dado un paso más para frenar una normativa que, de aplicarse tal y como está planteada, generará graves perjuicios a nuestros vecinos».
Objetivos y Procedimientos
Prieto ha aclarado que comparte el objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire, «algo en lo que todos estamos de acuerdo», pero ha subrayado que «el problema radica en el procedimiento seguido: no ha habido un estudio previo riguroso que analice cómo esta medida afectará desde el punto de vista socioeconómico a la realidad metropolitana».
En este contexto, el regidor ha solicitado una reflexión profunda sobre el modelo de movilidad para Granada y su entorno, buscando un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y viabilidad económica.
Críticas a la ZBE
El Ayuntamiento de Gójar sostiene que la ZBE aprobada «carece de la coordinación necesaria con los municipios colindantes, ignora el Plan Metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta de Andalucía y discrimina a los vehículos en función de su procedencia, sin valorar su verdadero impacto ambiental».
Además, la corporación municipal advierte que el proyecto incumple la obligación de diseñar un plan de medidas concretas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y garantizar la salud de la ciudadanía.
«En lugar de fomentar un modelo metropolitano equilibrado, se ha optado por una ordenanza improvisada y aislada que ignora las necesidades reales de quienes vivimos y trabajamos en este entorno», ha concluido el alcalde, quien ha señalado como modelo de gestión a seguir desde el Ayuntamiento de Granada el que se aplica para el proyecto de Capitalidad Cultural Europea en 2031, que recientemente ha aglutinado los apoyos de los municipios de la provincia.