SEVILLA, 4 – El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, han presidido este viernes un acto significativo en el que se ha entregado una declaración de reconocimiento y reparación a 25 personas condenadas en Andalucía por el Tribunal de Orden Público (TOP) durante el régimen franquista, específicamente entre los años 1964 y 1975.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, el secretario de Estado ha señalado que este día «es un día grande para la memoria democrática de Sevilla y Andalucía, ya que el Gobierno de España rinde homenaje a 25 luchadores por la libertad y la democracia, quienes fueron condenados a prisión de manera injusta por defender libertades democráticas y derechos fundamentales».
Un acto de justicia democrática
Por su parte, Fernández ha destacado que la Delegación del Gobierno se «convierte este viernes en un espacio de memoria, reparación y justicia para quienes fueron injustamente perseguidos y condenados por atreverse a alzar la voz cuando el silencio era la norma impuesta por el miedo».
El delegado del Gobierno ha calificado el homenaje como «un acto de justicia democrática con quienes fueron los verdaderos precursores de nuestras libertades». Además, ha recordado que la democracia española «fue el resultado del empuje de muchas personas que, desde muy distintas ideologías y trayectorias, defendieron la libertad, la igualdad, la dignidad humana y el pluralismo político», valores que están recogidos en la Constitución Española.
Un homenaje significativo
Durante el acto, que contó con la presencia de representantes de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, familiares de los condenados, investigadores y personalidades vinculadas a la Memoria Democrática, se entregó a cada homenajeado una declaración oficial de reconocimiento y reparación. Además, se interpretó la pieza ‘Si me borrara el tiempo lo que yo canto’, con la narración de Máximo Pradera, el piano de Antonio López Serrano y la actuación de la soprano Laura Sabatel.
Entre los homenajeados se encontraban trabajadores del comercio, operadores de trenes, oficinistas de Renfe, así como profesionales liberales como modistas, mecánicos torneros y comerciantes. También se reconoció a jornaleros, intelectuales, militantes políticos antifranquistas y promotores de sindicatos de clase.
El Tribunal de Orden Público y sus consecuencias
La mayoría de estos individuos fueron condenados por el TOP a penas de entre seis meses y tres años de prisión, bajo acusaciones de asociación ilícita, propaganda ilegal, manifestaciones no pacíficas, sedición o desórdenes públicos. Muchos de ellos se vieron obligados a exiliarse tras ser despedidos de sus empleos.
Una de las características del juicio de los homenajeados fue que se llevó a cabo en rebeldía, sin la presencia de los acusados, una norma procesal que fue fuertemente criticada por los juristas de la época y que generó intensos debates en su aprobación, siendo inconcebible en el sistema judicial actual. Además, se abusó de la prisión provisional, que se aplicaba con frecuencia si el condenado en rebeldía recurría en casación.
El TOP, creado mediante la Ley 154/63 el 2 de diciembre de 1963, tenía su sede en Madrid y estaba compuesto por un presidente, dos magistrados, un fiscal y un secretario. Este tribunal se encargó de reprimir, principalmente, los delitos contra la seguridad interior del Estado y actuó como Tribunal de Urgencia en los estados de excepción.
En total, tramitó 22.660 expedientes y dictó 3.798 sentencias, de las cuales solo 959 fueron absolutorias. Sus actuaciones finalizaron con el Real Decreto Ley de 4 de enero de 1977, momento en el que se creó la Audiencia Nacional, que asumió las competencias sobre asuntos de terrorismo de este tribunal.
La creación del TOP fue un intento de «blanquear» la imagen exterior del régimen franquista en un momento en el que el general Franco había presentado la candidatura de España para ingresar en la Comunidad Económica Europea, a pesar de que un año antes un informe de la Comisión Internacional de Juristas había denunciado la falta de estado de derecho y libertades en España. Hasta ese momento, la jurisdicción militar había sido la encargada de juzgar los delitos considerados políticos.