Intervención policial en el edificio ocupado de Gran Vía con al menos una persona detenida.

GRANADA, 20 – El conflicto en torno al edificio okupado ubicado junto a la Gran Vía, en la capital granadina, ha culminado en enfrentamientos con las fuerzas policiales durante la tarde de este lunes. Los manifestantes intentaron romper el perímetro de seguridad establecido en la zona, lo que resultó en al menos una detención hasta el momento.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que la persona detenida enfrenta cargos por resistencia y desobediencia a la autoridad. Se espera que el cuerpo policial proporcione información adicional sobre el número total de detenidos en esta intervención, que se llevó a cabo junto al edificio okupado en la calle Azacayas.

Ocupación y demandas sociales

Un grupo de varias decenas de personas ha tomado posesión del inmueble, donde han colgado desde los balcones telas blancas con mensajes que se oponen al desalojo ilegal y que exigen un centro social para el barrio. Esta acción ha generado un ambiente de tensión en la zona, donde se han concentrado entre 60 y 70 personas.

Fuera del edificio, se encontraba personal de una empresa dedicada a los desalojos, lo que ha incrementado la tensión entre los manifestantes y el equipo de la empresa. Este enfrentamiento ha llevado a la intervención de la Policía Nacional, que ha tenido que mediar en la situación.

Denuncias de desalojo sin orden judicial

Adelante Andalucía ha emitido un comunicado en el que denuncia que una veintena de miembros de la empresa AMA desokupa intentó llevar a cabo el desalojo del edificio «sin orden judicial». Este inmueble ha permanecido sin uso durante varios años y anteriormente albergaba la sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta.

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La formación política acusa a la empresa de generar momentos de tensión al enfrentarse a los activistas, lo que ha llevado a la intervención de las autoridades. En este contexto, el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Nèstor Salvador, ha señalado que «es responsabilidad del Gobierno» central poner fin a la actividad de estas empresas de desalojo.