ALMERÍA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería) ha decidido iniciar una investigación por un presunto delito de malversación tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Garrucha contra el exconcejal de Urbanismo de la anterior corporación, José Antonio Gallardo (PSOE). Se le acusa de haber «autorizado» la compra de materiales de construcción para usos particulares.
En el auto emitido por la titular del juzgado, se abren diligencias previas ante los indicios proporcionados por los denunciantes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existe un posible delito. Además, se ha trasladado la denuncia a las partes involucradas antes de decidir sobre nuevas diligencias a realizar.
Detalles de la Denuncia
El Ayuntamiento de Garrucha ha identificado un total de 20 facturas y albaranes por un importe total de 31.460,58 euros que considera sospechosos, ya que no hay documentación que respalde la contratación o subvención de los pagos realizados. Esta falta de soporte documental ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo.
Asimismo, los denunciantes han señalado que las entregas de materiales se registraron «en calles del municipio donde no se ha realizado obra o mejora alguna». De hecho, tras examinar el contenido de las facturas, se sugiere que los materiales han sido utilizados en la construcción o reforma de viviendas particulares, lo que agrava la situación.
Autorizaciones y Actuaciones Irregulares
Los denunciantes han indicado que las retiradas y abonos de estas facturas fueron «autorizados» por el exconcejal de Urbanismo. En las facturas se mencionan posibles actuaciones particulares, como «obra caraco» u «obra fifi», además de otros materiales que no tienen relación con proyectos municipales, tales como zócalos, butanos, terrazos, claraboyas o porcelánicos.
Desde el Ayuntamiento, que está liderado por el PP en coalición con ediles de Para la Gente, han manifestado que no han encontrado indicios de que las actuaciones pudieran corresponder a subvenciones. En este sentido, han recordado que «la realización de entregas de material a terceros es un acto del todo arbitrario, anómalo y no ajustado a derecho».