Juicio programado por apropiación indebida en el Sindicato de Policía Local de Granada
La Audiencia de Granada ha establecido para febrero de 2027 la fecha del juicio contra el exsecretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG), quien se enfrenta a graves acusaciones de apropiación indebida. Entre 2015 y 2021, se le imputa haber sustraído un total de 72.082 euros pertenecientes a las cuotas de afiliados de este sindicato y de otro organismo policial de la misma localidad. La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión, lo que pone de manifiesto la gravedad de los cargos que enfrenta el acusado.
Este caso no solo se limita a las acusaciones de malversación de fondos, sino que también ha sido el punto de partida para una investigación más amplia que abarca supuestos amaños en oposiciones a la Policía Local de Granada y otros municipios de la provincia. En este contexto, ya existen aproximadamente medio centenar de investigados, lo que sugiere que la trama podría ser más extensa de lo que inicialmente se pensaba.
Defensa y acusaciones entre sindicatos
Durante el proceso de instrucción, el acusado argumentó que la denuncia en su contra era parte de una maniobra para desacreditarlo y desviar la atención de las irregularidades en los exámenes de oposición, lo que llevó a la apertura de una macrocausa relacionada con el fraude en dichas pruebas. En respuesta a estas acusaciones, la defensa del agente ha solicitado la suspensión del juicio, argumentando que un audio proporcionado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) podría ser relevante para el caso. Según la defensa, este audio incluye conversaciones entre miembros de los sindicatos que ejercen la acusación particular, donde se afirmaría que las transacciones de dinero estaban justificadas.
El tribunal ha decidido que el audio se evaluará durante el juicio, reafirmando su compromiso de llevar a cabo el proceso judicial. Los sindicatos SIPLG y la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España (USPLBE) han fundamentado su denuncia en la sospecha de un delito, enfatizando que su acusación no está vinculada a la investigación sobre las oposiciones.
Detalles del caso y acusaciones específicas
En el periodo en cuestión, el acusado no solo tenía la responsabilidad del SIPLG, sino también de la USPLBE, lo que le otorgaba acceso a las cuentas bancarias y la facultad de gestionar los fondos de ambas organizaciones. Se le atribuye el uso indebido de este poder durante 2019 y 2020, habiendo supuestamente desviado fondos para su beneficio personal, en detrimento de las organizaciones sindicales.
Según la Fiscalía, el agente habría retirado 33.327 euros de las cuentas del SIPLG mediante múltiples transacciones en efectivo y el uso de tarjetas de crédito emitidas a su nombre. Además, se alega que emitió cheques al portador que él mismo cobraba. En cuanto a la USPLBE, se le acusa de realizar retiradas similares por un total de 38.755 euros en el mismo periodo. Posteriormente, en 2020, el acusado reconoció ante el secretario de Organización del SIPLG que había utilizado fondos de los sindicatos para su beneficio privado, lo que le llevó a reintegrar solo una parte de la cantidad sustraída, específicamente 6.150 euros.
El proceso judicial que se avecina no solo determinará la culpabilidad o inocencia del acusado, sino que también arrojará luz sobre una serie de irregularidades que, según las investigaciones, han afectado a la confianza en las instituciones policiales y sindicales de la región.