miércoles, noviembre 18

Juicio este lunes en Jaén por una presunta estafa inmobiliaria que afectó a 15 familias

Inicio del Juicio por Estafa Inmobiliaria en La Carolina

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene programado para este lunes el juicio relacionado con una supuesta estafa inmobiliaria que ha afectado a alrededor de quince familias en La Carolina. Tres individuos se enfrentarán a cargos por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía solicita para ellos una pena de seis años de prisión y una multa de 2.160 euros. Los acusados estaban vinculados a la empresa carolinense Construcciones A. S. Igman, donde uno de ellos ocupaba el cargo de administrador único, otro se desempeñaba como jefe y el tercero actuaba en representación de la empresa en sus transacciones comerciales.

Los hechos se remontan a los años 2008 y 2010, periodo en el que los afectados adquirieron viviendas en La Carolina, convencidos de que estas estaban libres de cargas hipotecarias. Sin embargo, la investigación ha revelado que los inmuebles estaban gravados con préstamos bancarios que nunca fueron cancelados por la promotora. Para engañar a los compradores, los acusados supuestamente falsificaron documentos bancarios y manipularon escrituras públicas, asegurando que las hipotecas habían sido saldadas.

Detalles del Fraude y su Impacto

La Guardia Civil estimó inicialmente que el fraude superaba los tres millones de euros, con montos individuales que oscilaban entre 70.000 y 100.000 euros por vivienda. En el juicio, la estafa se concreta en 1,5 millones de euros, aunque se espera que esta cifra aumente, dado que hay varias operaciones denunciadas que se evaluarán en la ejecución de la sentencia. Los afectados demandan que al menos se cancelen las hipotecas y los gastos derivados del engaño. El juicio está previsto que se extienda durante tres días.

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Los hechos ocurrieron cuando las familias adquirieron inmuebles destinados a su domicilio habitual, creyendo que estaban libres de cargas. No obstante, según la Guardia Civil, estos estaban gravados con préstamos hipotecarios de diversas entidades bancarias, otorgados a la constructora y a la promotora. La parte vendedora logró ganarse la confianza de los compradores presentando certificados falsos de cancelación de las hipotecas y manipulando las escrituras públicas de compra-venta.

Consecuencias y Repercusiones Legales

La Guardia Civil ha señalado que el importe total de la estafa supera los tres millones de euros, cifra que no incluye el perjuicio ocasionado a otros acreedores que no han podido cobrar sus deudas debido a la situación de concurso de acreedores. En el juicio, la acusación está compuesta por los damnificados de 17 ventas fraudulentas, quienes buscan justicia y la recuperación de sus inversiones.

Los adquirentes de estas viviendas se encontraron en una situación complicada, ya que muchos de ellos habían financiado sus compras con hipotecas que, en realidad, estaban sujetas a deudas previas. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor protección para los consumidores en el sector inmobiliario y la importancia de la transparencia en las transacciones.