SEVILLA, 1 – El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado en la Comisión Parlamentaria que en Andalucía «no existe ninguna universidad privada cuyo inicio esté asegurado que no cuente con un informe favorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades». Además, ha señalado que de los cuatro proyectos de educación superior impulsados por la iniciativa privada que ya han sido aprobados por el Parlamento andaluz, tres recibieron informes positivos de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que depende del Ministerio.
El cuarto proyecto, correspondiente a la universidad online Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), «aún no ha recibido la autorización de inicio por parte del Gobierno andaluz hasta que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía certifique que su oferta académica cumple con todos los requisitos establecidos», ha enfatizado. En este sentido, ha expresado su satisfacción por la «voluntad» de esta institución de mejorar aspectos «claves» del proyecto.
Rechazo a iniciativas que no cumplen con los estándares
Por otro lado, Gómez Villamandos ha recordado que este Ejecutivo autonómico ha rechazado cinco iniciativas de creación de instituciones privadas en Andalucía por no cumplir con las exigencias establecidas por el marco legislativo, y por lo tanto, no reunir los criterios de excelencia y calidad requeridos. En este contexto, ha afirmado que el Gobierno andaluz ha sido «en todo momento, absolutamente transparente en la gestión y pulcro en el cumplimiento de la legislación vigente», al tiempo que ha asegurado que «poner trabas a propuestas de iniciativa privada sería infringir la ley».
El consejero ha matizado que la aprobación de una universidad privada «no es automática», sino que implica «un proceso largo, que en algunos casos puede durar más de tres años desde que se registra la solicitud hasta que el Parlamento aprueba su ley de reconocimiento, incluyendo todos los informes previos y actualizaciones de las peticiones iniciales». Como ejemplo, ha mencionado el caso de la Universidad CEU Fernando III, que presentó su solicitud de reconocimiento en abril de 2020, y cuyo debate final del proyecto de ley no se llevó a cabo hasta finales de septiembre de 2023, comenzando sus primeras clases en el actual curso 2024/2025.
La coexistencia de universidades públicas y privadas
Para Gómez Villamandos, la creación de una institución académica de iniciativa privada «no representa amenaza alguna para el sistema público, ni en términos de financiación, ni en la pérdida de talento, ni en competencia desleal». Ha subrayado que, lejos de ser una competencia para el sistema público, estas instituciones «lo complementan y enriquecen tanto por su oferta docente como por su labor investigadora». En este sentido, ha afirmado que esta coexistencia «está respaldada por la Constitución Española y la libertad», añadiendo que «vivimos en un espacio democrático y de libertad, y lo que debemos medir es la calidad».
En la actualidad, en Andalucía operan dos universidades: la Loyola Andalucía, que fue aprobada a través de una disposición adicional en la etapa socialista, y la CEU Fernando III, que ha sido establecida en esta legislatura «con todas las garantías legales y de transparencia». Además, existen otras tres iniciativas reconocidas por el Parlamento andaluz que se encuentran en proceso de obtención de autorización para iniciar su actividad docente: Utamed, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía.
Futura Ley de Universidades para Andalucía
El titular de Universidad ha lamentado que ni la Ley Orgánica ni la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ni la actual Ley Andaluza de Universidades hayan establecido «exigencias» para la creación de instituciones privadas. Por ello, ha indicado que desde la Consejería se ha trabajado para que la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) «sí incluya requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía».
En este contexto, ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció nuevas medidas en este sentido, a «consultar las mayores exigencias de calidad impuestas desde Andalucía, que se incluyeron en el borrador de la ley en octubre pasado». Según la futura legislación, se exigirá que los promotores de iniciativas de este tipo cuenten con una trayectoria contrastada en educación universitaria, asegurando que «las posibles nuevas instituciones académicas tengan la capacidad de cumplir, desde su inicio, con lo estipulado tanto por la legislación estatal y autonómica, como por lo recogido en su propio proyecto de creación y reconocimiento».
Asimismo, a través de la LUPA se busca garantizar que las universidades que surjan de la iniciativa privada presten «especial atención» al apoyo al estudio mediante la implementación de programas de becas, que se financiarán con una parte de los ingresos anuales de la institución. El documento normativo también extiende esta obligación a las actividades de I+D, «que deberán articularse mediante planes propios de investigación y para cuyo fomento se establecerá un porcentaje mínimo en relación con los ingresos», ha señalado.
La futura norma también determinará que la investigación desarrollada por las universidades debe ser relevante en todos los campos de la oferta académica, incluyendo estrategias para la incorporación de talento, participación y liderazgo en proyectos de I+D competitivos, dotación de infraestructuras científicas y cumplimiento de los indicadores que reglamentariamente establezca la Junta de Andalucía.