La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía ha presentado su informe anual, que revela un aumento significativo en la resolución de expedientes durante el año 2025. Según los datos publicados en la Memoria de Actividades, se recibieron 795 solicitudes y se resolvieron un total de 2.293 expedientes, lo que representa un incremento del 20,87% en comparación con el año anterior. Este aumento se traduce en 396 expedientes más que en 2024, y el tiempo medio de tramitación se ha mantenido dentro del límite de tres meses establecido por la normativa vigente.
Este órgano administrativo tiene como misión gestionar el arbitraje de consumo en Andalucía, ofreciendo un servicio público que busca facilitar la solución de conflictos en materia de consumo. El Sistema Arbitral de Consumo se basa en la colaboración entre la Administración andaluza, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales, actuando como un mecanismo extrajudicial para resolver disputas entre consumidores y empresas.
Descenso en las solicitudes de arbitraje
Sin embargo, a pesar del aumento en la resolución de expedientes, el informe también señala un notable descenso del 49% en el número de solicitudes de arbitraje, lo que equivale a 753 solicitudes menos en comparación con el año anterior. Esta cifra es la más baja registrada en las dos últimas décadas y se atribuye a las nuevas normas de competencia territorial implementadas por el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo, que entró en vigor con el Real Decreto 713/2024, del 23 de julio.
La mayoría de las reclamaciones recibidas en 2025 están vinculadas al sector energético. Los incrementos en los costos, problemas con la facturación y cambios normativos han concentrado el 46% de las solicitudes. En segundo lugar, el sector de telecomunicaciones registró un 13% de las quejas, principalmente relacionadas con el incumplimiento de condiciones ofertadas y problemas de portabilidad. Los conflictos en el comercio minorista representaron el 11% de las solicitudes, consolidando así las áreas más problemáticas para los consumidores andaluces.
Presentación y tramitación de solicitudes
En cuanto a la forma de presentación de las solicitudes, el 56% de ellas fueron presentadas directamente por los ciudadanos, mientras que el 34% se gestionaron a través de otras Administraciones, como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) o Juntas Arbitrales. Solo un 10% de las solicitudes fueron canalizadas mediante asociaciones de consumidores. Este dato refleja un cambio en la tendencia, donde los usuarios cada vez optan más por recurrir al arbitraje sin necesidad de intermediación.
El tiempo promedio de tramitación de las solicitudes de arbitraje se ha reducido considerablemente, alcanzando los 81 días, lo que representa una disminución de 158 días en comparación con el año anterior. Una vez que se admite una solicitud, se tramita el expediente, que incluye alegaciones y mediaciones, logrando que las audiencias se citen en un plazo no superior a los dos meses desde la presentación de la solicitud. Con esto, al cierre de 2025, la media en la tramitación de expedientes se sitúa dentro de los tres meses establecidos por la normativa.
Durante el pasado año, se llevaron a cabo 1.037 audiencias, una cifra similar a la de 2024, de las cuales un 89% se desarrolló de forma telemática, un 9% de manera presencial y un 2% a través de escrita. Los consumidores tienen la opción de elegir entre estas modalidades al presentar su solicitud de arbitraje. En cuanto al resultado de los laudos, el 61,1% fueron favorables, total o parcialmente, a las pretensiones de los consumidores, lo que refuerza la eficacia del sistema arbitral en la resolución de conflictos de consumo en Andalucía.