SEVILLA.- La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha declarado este jueves que el Gobierno andaluz asistirá a la comisión mixta con el Gobierno central programada para el próximo 4 de marzo con la única intención de esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) revise y anule la licencia del hotel de Azata, lo que permitiría proceder a su demolición y ejecutar el protocolo correspondiente.
Durante el Pleno del Parlamento, en respuesta a las preguntas de la diputada socialista Pilar Navarro, la consejera reafirmó la postura del Gobierno andaluz sobre este asunto, argumentando que la anulación previa de la licencia es el camino más adecuado para recuperar el paraje. Esto contrasta con la propuesta del Ejecutivo central, que contempla la expropiación de los terrenos en el marco de sus competencias.
Acuerdos y Posturas en la Comisión
García hizo hincapié en los acuerdos adoptados en el seno de la comisión creada en 2011, que busca garantizar el cumplimiento de las sentencias. En este sentido, recordó que la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya había abogado en 2024 por esta vía en lugar de la expropiación, que se planteó por primera vez en 2009. «La ministra actual, Sara Aagesen, también ha manifestado que es necesario proceder a la anulación», añadió.
La consejera también revisó algunos hitos en la historia del controvertido hotel, cuestionando el «interés» de los socialistas en su demolición. Destacó que en 2006, el entonces presidente de la Junta de Andalucía afirmó que en un mes las tierras del Algarrobico serían públicas, refiriéndose al derecho de retracto que la Junta aún puede ejercer en la vía civil.
La Necesidad de Cumplir con las Sentencias
En una entrevista previa en Canal Sur, García subrayó que el camino para el derribo del Algarrobico debe ser el de «cumplir las sentencias que son firmes» tras casi 20 años de litigios, y no abrir una nueva vía como la expropiación propuesta por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La consejera abogó por la «sensatez y coherencia» en la comisión mixta, insistiendo en que la estrategia debe basarse en el cumplimiento de las sentencias judiciales que declaran el paraje «no urbanizable» y requieren la revisión de la licencia de obras.
García enfatizó que «la vía más sencilla es que el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia de obras», recordando las responsabilidades que debe asumir el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), quien no asistirá a la reunión mixta. Además, rechazó la afirmación del alcalde de que el proceso de revisión de la licencia podría demorarse hasta cinco años, asegurando que la Junta de Andalucía está dispuesta a ofrecer asistencia técnica y administrativa al alcalde en todo lo que necesite.
Expectativas y Responsabilidades
A pesar de su disposición, García no pudo proporcionar un horizonte temporal para la demolición del inmueble, ya que esto depende de la anulación de la licencia y del inicio del expediente de demolición, que requiere la elaboración y licitación de un proyecto. Asimismo, no cree que el proceso pueda acelerarse para comenzar la demolición en «cinco meses», como sugirió Montero. «Lo que debemos hacer es trabajar para resolver un problema que hemos heredado», subrayó, recordando la responsabilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras y en la Junta de Andalucía.
Por su parte, la parlamentaria socialista Pilar Navarro instó a la consejera a asumir «responsabilidades» en lugar de dejar la solución «en vía muerta» y esperar que el Ayuntamiento de Carboneras revise los permisos municipales otorgados para la construcción del hotel. «La pelota está en su tejado», afirmó Navarro, quien criticó que el presidente Juanma Moreno no haya tomado medidas para derribar el hotel, mientras que el Gobierno central ha propuesto expropiar los terrenos sobre los que se asienta parte del edificio, que se encuentra en su mayoría en suelos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Navarro instó a la consejera a aprovechar la comisión mixta para aclarar «qué van a hacer en el ámbito de sus competencias», y demandó que se establezcan fechas y presupuestos, advirtiendo que de lo contrario, su acción «dejará nuevamente en punto muerto la solución del Algarrobico».