Solicitud de la Junta para proteger un documento histórico
La Junta de Andalucía ha formalizado una solicitud al Ministerio de Cultura para que se declare como «inexportable» el documento notarial que cuenta con la firma de Miguel de Cervantes Saavedra, el célebre autor de «Don Quijote de la Mancha». Este importante manuscrito se encuentra actualmente en proceso de subasta pública, programada para el próximo 27 de mayo en Madrid. La escritura notarial, que refleja un momento significativo de la historia de España, fue otorgada el 8 de julio de 1593 ante el escribano público Luis de Porras.
Este documento, que corresponde al folio CCCXC (390) de un protocolo notarial, fue arrancado, presumiblemente en el siglo XIX, del archivo donde originalmente se conservaba. La escritura no es solo relevante por su contenido, sino también por su conexión directa con Cervantes y su papel como comisario de abastos de la Corona. Su valor histórico y documental justifica el interés de la Junta por protegerlo y evitar su salida del país.
Contexto histórico y legal del documento
El protocolo notarial, que ahora se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, ha sido objeto de controversia en el pasado. En 1998, el documento fue puesto a la venta en Barcelona, lo que llevó a la Junta de Andalucía a reclamar su titularidad pública, argumentando que formaba parte del Archivo Histórico Provincial. En ese momento, la Junta no solo se apoyó en la firma de Cervantes, sino también en un conjunto de elementos archivísticos y diplomáticos que respaldaban su autenticidad y conexión con el fondo de Sevilla.
A lo largo del proceso judicial, que culminó en 2007 con una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, no se cuestionó la autenticidad histórica del documento. Sin embargo, la decisión se centró en el hecho de que el documento había estado en posesión privada de manera prolongada, pacífica y notoria, lo que dificultó la reclamación de su restitución al archivo.
Impulso legislativo para la protección del patrimonio documental
La situación del protocolo notarial de Cervantes ha tenido un impacto significativo en la legislación andaluza. La controversia relacionada con este litigio fue uno de los factores que motivó la inclusión de un artículo específico en la Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. Esta normativa establece que los bienes patrimoniales documentales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, reforzando así la protección de documentos de gran relevancia histórica.
Con la reciente solicitud de la Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, se busca no solo preservar un valioso legado cultural, sino también reafirmar el compromiso de las instituciones con la conservación del patrimonio histórico de Andalucía. La intención es prohibir la salida del documento de España, dado su interés histórico y su singular relevancia patrimonial, en un esfuerzo por evitar que se repita la historia de fragmentación de documentos que han sido parte integral de la herencia cultural del país.