SEVILLA, 18. Un total de 1.400 menores infractores han logrado evitar comparecer ante un juez gracias al Servicio de Mediación Penal de Menores de la Junta de Andalucía. Este servicio ha facilitado que los jóvenes lleguen a un acuerdo con las víctimas, reconociendo el daño causado y reparándolo. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que cumple 25 años, abrió esta alternativa para la resolución de conflictos derivados de las conductas de los jóvenes infractores.
La Consejería de Justicia, según ha indicado en una nota, está promoviendo esta vía también para adultos, anticipándose a la Ley de Eficacia del Servicio Público de Justicia, que incluye medios alternativos para la solución de controversias.
Jornadas de Justicia Juvenil en Sevilla
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Esteban Rondón, participó el pasado martes en las I Jornadas de Justicia Juvenil, organizadas por el Grupo Interuniversitario e Interdisciplinario de Investigaciones sobre la Criminalidad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. Este evento, titulado ‘Posibilidades de la Justicia Restaurativa en el sistema penal de menores’, está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del ámbito judicial.
Las jornadas continuarán el viernes con la participación de técnicos de los Servicios de Mediación Penal de Menores, que dependen de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Durante su intervención, Rondón recordó que, tras la aprobación de la Ley del Menor el 12 de enero de 2000, las comunidades autónomas asumieron la responsabilidad de garantizar centros y servicios donde los menores puedan cumplir las medidas impuestas por los jueces, priorizando la reeducación sobre el modelo punitivo anterior.
Resultados de la Mediación Penal
Desde la implementación de este sistema, la Justicia Juvenil andaluza se ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como internacional, destacando que el 80% de los menores infractores que pasan por él no reinciden. Este enfoque reeducativo, establecido por la ley que ahora cumple 25 años, ha permitido que la mediación se consolide como una alternativa al juicio, especialmente en casos de delitos leves. El año pasado, se logró que 1.400 jóvenes no tuvieran que enfrentarse a un juez.
Este éxito se debe al trabajo de profesionales especializados que han logrado que los menores reconozcan los hechos, se arrepientan, pidan perdón y acepten reparar el daño. También ha sido fundamental la generosidad de las víctimas, quienes se han visto resarcidas en el proceso. En un 36% de los casos, la mediación se cerró mediante actos de conciliación entre el menor y la víctima, en un 32% se logró la reparación del daño, y en otro 32% se realizaron actividades socioeducativas en lugar de las medidas judiciales.
Red de Servicios de Mediación y Nuevas Iniciativas
Los ocho Servicios de Mediación Penal de Menores forman parte de una red gestionada por la Junta, que incluye también 13 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), 17 Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA). Además, la Consejería de Justicia mantiene convenios con ayuntamientos y ONG para realizar prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Andalucía continúa liderando la intervención con menores infractores. Recientemente, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto para crear el primer Observatorio de Justicia Juvenil de España y prácticamente de Europa, siendo el único de carácter público. Este órgano colegiado de consulta, propuesta y participación estará adscrito a la Consejería de Justicia y contará con la colaboración de diversos departamentos de la Junta, así como representantes de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, universidades y entidades que gestionan centros y servicios en Andalucía.
El observatorio no solo recopilará datos cuantitativos y cualitativos, sino que también impulsará la investigación, evaluará políticas públicas en la materia y promoverá programas de formación para los profesionales que trabajan con menores infractores. Rondón ha subrayado la importancia de estudiar los cambios en los perfiles de los jóvenes, los tipos de delitos y las medidas judiciales que se han producido en estos 25 años, con el fin de mejorar la intervención y mantener el éxito del 80% en la reeducación de estos jóvenes.