SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reiterado este miércoles en la comisión parlamentaria la necesidad de «reclamar financiación» al Gobierno de España para llevar a cabo la «reforma integral» del servicio de Justicia, tal como se establece en la Ley de Eficiencia. Nieto advirtió que esta reforma implica un «cambio radical en un plazo muy corto» en la reordenación de los recursos materiales y humanos, lo que conlleva un «coste elevadísimo» para las comunidades autónomas.
Detalles de la Conferencia Sectorial
Según ha informado la Consejería en un comunicado, Nieto presentó a los grupos parlamentarios los resultados de la Conferencia Sectorial que tuvo lugar entre el Ministerio y las comunidades autónomas los días 21 y 22 de octubre en Córdoba. Durante esta reunión, el consejero expresó su preocupación porque, hasta ese momento, la reforma contemplada en la ley —ya aprobada en el Congreso y a la espera de su discusión en el Senado— «no se había abordado» con los gobiernos autonómicos.
El consejero lamentó que «todas las comunidades» plantearon sus «dudas» sobre la financiación necesaria y los «ajustados plazos» establecidos para «transformar los actuales juzgados unipersonales en tribunales de instancia, de carácter colegiado». En concreto, la normativa exige que «todos los partidos con menos de siete juzgados estén adaptados antes del 31 de julio, los partidos con hasta doce órganos el 31 de octubre y los más grandes el 31 de diciembre». Esta transformación implica una «reordenación de las plantillas» y, en muchos casos, la adaptación de los espacios de trabajo, lo que resulta complicado, especialmente en los partidos más pequeños.
Desafíos y Costes de la Reforma
Nieto también subrayó que la reforma podría traer consigo «avances en la interconexión de los distintos operadores jurídicos y la prestación de servicios a la ciudadanía por vía telemática». Sin embargo, advirtió que esto representará un «esfuerzo enorme y un coste elevadísimo» para las comunidades que tienen competencias en esta materia, y criticó que el Ministerio se ha negado a establecer una colaboración para sufragar dichos costes.
Además, el consejero enfatizó que la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia implica «un cambio radical en las condiciones del traspaso de competencias fijadas en 1997», lo que debería conllevar una modificación en la financiación de este servicio. Nieto lamentó la falta de sensibilidad del Ministerio ante esta reivindicación y, aunque reconoció que la reforma «mejorará el servicio» y representará «un salto de calidad» hacia una Justicia del siglo XXI, insistió en que es fundamental «la lealtad institucional» para «dotar de recursos» necesarios.
Compromiso de Andalucía
No obstante, el consejero aseguró que «no se buscarán excusas» y que Andalucía no se quedará atrás en esta reforma de gran envergadura, a diferencia de lo ocurrido con la reforma de 2003, que promovía la creación de la Oficina Judicial y cuya implementación no se llevó a cabo hasta 2019. La determinación de Nieto y su equipo refleja un compromiso firme para avanzar en la modernización del sistema judicial en la comunidad autónoma.