El Ayuntamiento de Jaén ha logrado una nueva victoria judicial en su disputa con Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de aguas. Esta segunda sentencia favorable permitirá al Consistorio un ahorro estimado de aproximadamente seis millones de euros en términos de ingresos y ahorro. El juicio se centró en la revisión de los precios unitarios del servicio de aguas, un aspecto crucial para el equilibrio financiero del Ayuntamiento.
Revisión de precios y medidas adoptadas
La reciente decisión del Juzgado Contencioso Administrativo respalda la postura del gobierno municipal, que ha implementado medidas orientadas a restablecer el equilibrio en el servicio de aguas, abarcando el abastecimiento, alcantarillado y depuración. Según ha informado el Consistorio, estas acciones fueron parte de la gestión del mandato 2019-2023, liderado por el alcalde Julio Millán y el gobierno de PSOE-CS.
Durante este periodo, se inició el proceso para regularizar los precios aplicados en el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia. Tras conocer la sentencia, Millán expresó su agradecimiento al edil de Contratación del mandato anterior, Francisco Lechuga, y al equipo técnico que contribuyó a tomar decisiones valientes que ahora se traducen en beneficios económicos para las arcas municipales. Ambos han destacado que la notificación recibida este viernes confirma que las acciones tomadas en su anterior mandato eran legales y adecuadas.
Impacto económico y justificación legal
El alcalde Millán subrayó que la primera sentencia ya había dado la razón al Ayuntamiento, aunque fue recurrida por Aqualia. Ahora, esta segunda resolución reafirma el trabajo realizado para poner fin a una situación que generaba un coste superior a un millón de euros anuales al Consistorio. Con esta nueva notificación, se prevé que esos costos se transformen en ingresos que podrán ser incluidos en el presupuesto del año 2025.
La sentencia valida el decreto firmado por el teniente alcalde responsable de los contratos en el anterior mandato, que revisaba los precios unitarios del servicio de aguas entre 2019 y 2021. Lechuga enfatizó que la Justicia establece las bases legales para revisar otros periodos si es necesario, lo que podría tener un impacto significativo en las finanzas municipales.
Restablecimiento del equilibrio contractual
Lechuga explicó que el decreto en cuestión buscaba restablecer el equilibrio del contrato, utilizando como referencia el coste unitario basado en la fórmula polinómica aprobada en la adjudicación. Se identificaron errores en la aprobación de revisiones anteriores por parte de Aqualia, lo que llevó a la necesidad de corregir la situación. La desestimación del recurso interpuesto por la empresa tiene consecuencias económicas significativas, ya que evita el pago de aproximadamente 3,5 millones de euros en subvenciones debido a la diferencia entre el coste unitario y la tarifa media.
Además, se prevé que Aqualia deba ingresar al Ayuntamiento cantidades equivalentes, lo que se traduce en un ahorro total que supera los seis millones de euros. Este resultado no solo beneficia las finanzas del Ayuntamiento, sino que también refuerza la gestión responsable y transparente del servicio de aguas en la ciudad.