CARBONERAS.- La Plataforma de Afectados por el Puerto de Carboneras, en Almería, ha convocado una manifestación para este jueves con el objetivo de expresar su rechazo al proyecto impulsado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y la empresa Marina de San Andrés. Los manifestantes consideran que esta actuación implica, en la práctica, la «expulsión» de una parte significativa de la flota pesquera local.
La convocatoria ha hecho un llamado a la participación de vecinos, amigos y familiares, quienes se reunirán a las 10:00 horas en el puerto pesquero para marchar hacia el Ayuntamiento. El propósito de la manifestación es detener lo que los organizadores describen como un «atropello».
Rechazo a la gestión privada del puerto
Los convocantes han expresado su preocupación por la intención de imponer a una empresa privada para la gestión del puerto, lo que, según ellos, se traduce en un proyecto que no contempla la inclusión de la mayoría de las embarcaciones actuales. «Se busca reducir el número de amarres disponibles y establecer precios abusivos, lo que dejaría a muchas embarcaciones de recreo sin espacio para atracar», han señalado en su comunicado.
Además, han manifestado su temor de que esta iniciativa conduzca al «desalojo» de las embarcaciones deportivas, que en su mayoría pertenecen a los carboneros. «No han considerado que llevamos más de 30 años utilizando el puerto y cumpliendo con nuestras obligaciones de pago», han añadido, lamentando que esta situación podría impedir que las futuras generaciones disfruten del mar.
Demandas de un plan alternativo
La plataforma busca recabar el apoyo del Ayuntamiento para exigir a la Junta de Andalucía la elaboración de un «boceto» o plan alternativo que garantice la continuidad de los amarres para los barcos más pequeños, que son mayoritariamente de pescadores locales. Según la organización, la empresa adjudicataria del proyecto comenzó a contactar a los propietarios de las embarcaciones a principios de febrero para solicitar permisos para el desplazamiento de las naves, a lo que la mayoría se ha opuesto.
Los afectados han expresado su desacuerdo con los planes de reordenación del puerto, ya que, de implementarse, solo habría «29 amarres» disponibles para barcos de hasta seis metros, mientras que actualmente hay «180 barcos de menos de seis metros». También han destacado el aumento en los precios de los amarres, que podrían alcanzar los «60.000 euros más IVA», en comparación con los «10.000 o 12.000 euros» inicialmente previstos.
Los usuarios del puerto, muchos de los cuales han sido clientes desde su inauguración en 1991, se resisten a abandonar la dársena ante la incertidumbre sobre el inicio de las obras. La situación actual plantea un desafío considerable, ya que el mantenimiento de los atraques implica el desalojo de un gran número de barcos, lo que a su vez requiere de un espacio de almacenamiento adecuado.