SEVILLA, 4 – El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha convocado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg para el próximo 20 de febrero a las 10:30 horas. Su comparecencia se realizará en calidad de representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria, en relación con la investigación sobre ocho pozos que supuestamente carecen de autorización en la finca Aljóbar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar y gestionada por dicha compañía.
En un auto emitido el 31 de enero, el juzgado ha ordenado esta citación y ha decretado el precinto de los pozos mencionados. Además, se ha autorizado «la retirada de las bombas y otros equipos instalados en esos pozos que tengan como finalidad la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir». Se advierte a la parte investigada que, en caso de quebrantar el precinto o continuar utilizando los pozos no autorizados, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Investigación sobre los pozos no autorizados
Según el juzgado, «los hechos investigados podrían constituir un posible delito contra el medio ambiente», en relación con la existencia de los ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljóbar. Estos pozos han sido objeto de precinto recientemente por la autoridad administrativa, ya que fueron utilizados nuevamente sin haber sido legalizados ni contar con los contadores volumétricos requeridos.
En octubre de 2023, la empresa Eurotecnia Agraria respondió a esta investigación, que fue iniciada tras una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo, quien ocupa la presidencia de la misma. La empresa ha desvinculado a la aristócrata de la gestión de la entidad, asegurando que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG».
Defensa de la empresa y su gestión
En un comunicado, Eurotecnia Agraria afirmó que Luis Martínez de Irujo «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar», defendiendo que Eugenia Martínez de Irujo «no ha participado nunca en la gestión de la explotación» agrícola de naranjos en dicha finca. Esta declaración busca aclarar la situación y reafirmar la legalidad de sus operaciones en la finca.
Por otro lado, el juzgado ha señalado que existen posibles «indicios de daño sustancial al medio ambiente» debido a las captaciones de agua no autorizadas, lo que podría tener un impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana. Esto incluye efectos adversos sobre la avifauna del parque, así como el riesgo de que una sobreexplotación del acuífero cause daños ambientales, como el descenso del nivel piezométrico y el deterioro de la calidad del agua.
Impacto ambiental y consecuencias legales
La situación plantea serias preocupaciones sobre el equilibrio ecológico en la región, ya que el uso no regulado de los recursos hídricos puede llevar a la movilización de aguas del subsuelo, así como a la compactación del suelo y el aumento de la salinidad en las aguas. La investigación continúa, y las autoridades están vigilando de cerca el desarrollo de los acontecimientos para garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la ley.