HUELVA, 4 – El PSOE de Huelva ha decidido presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para defender el plan estatal contra los aranceles impuestos por la Administración estadounidense durante el mandato del republicano Donald Trump. Este plan incluye medidas que suman aproximadamente 14.100 millones de euros. Además, se solicita al Gobierno andaluz del PP que implemente su propio paquete de acciones, en un contexto donde la Junta ha afirmado que tiene la intención de movilizar cerca de 2.875 millones de euros para abordar esta problemática.
Críticas a la Inacción del Gobierno Andaluz
La secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha expresado su descontento con la falta de acción del Gobierno autonómico ante los daños ocasionados por la política arancelaria de la Administración Trump. Actualmente, esta política se encuentra en un estado de congelación mientras Estados Unidos y la Unión Europea negocian sus futuras relaciones comerciales.
González Bayo, quien también es diputada provincial, ha señalado que ya se había planteado esta situación en una Proposición No de Ley (PNL) que fue debatida y aprobada parcialmente en el Pleno del Parlamento. En dicha PNL, se censuró la inacción de la Junta en apoyo a los trabajadores y empresas afectadas por los aranceles estadounidenses. A pesar de que el Gobierno andaluz del PP ha afirmado que movilizará 2.875 millones en ayudas y medidas de apoyo a las empresas exportadoras, la dirigente socialista considera que la respuesta del presidente Moreno Bonilla ha sido más crítica hacia Pedro Sánchez que hacia Trump.
Demandas del PSOE para Apoyar a las Empresas
Los socialistas han elevado esta moción con el objetivo de instar al PP en la provincia y al Gobierno andaluz a que respalden el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno, diseñado para beneficiar a las empresas y trabajadores de la región. Además, se solicita que la Junta implemente medidas de apoyo complementarias a las incluidas en el mencionado plan estatal.
La crítica hacia la gestión del Gobierno andaluz se intensifica en un contexto donde se argumenta que las medidas estatales no contemplan ayudas directas, sino únicamente avales e instrumentos de deuda para las empresas. Esta situación ha generado preocupación entre los agricultores y ganaderos andaluces, quienes se ven especialmente afectados por la inestabilidad económica y social provocada por las políticas arancelarias.