HUELVA, 7
Podemos y Alianza Verde han expresado su preocupación este viernes ante la decisión del Gobierno de continuar autorizando proyectos energéticos que amenazan la biodiversidad y la conservación del Parque Nacional de Doñana. Esta crítica surge tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del proyecto Sondeo Marismas-3NE, que está vinculado al almacenamiento subterráneo de gas en Almonte, Huelva. Este proyecto incluye la perforación de un nuevo sondeo destinado a la inyección y extracción de gas natural, lo que representa una reactivación del almacenamiento en la estructura geológica Marismas 3.
Críticas a la actuación del Gobierno
La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, ha calificado esta actuación como «totalmente contraria» a las políticas de defensa del medio ambiente y conservación de Doñana. Velarde argumenta que esta decisión «demuestra una vez más que el PSOE se alinea con aquellos que buscan seguir perforando y almacenando gas en el subsuelo de nuestra tierra».
Por su parte, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha manifestado que es «intolerable» que se haya tomado esta decisión, ya que va en contra de las políticas verdes que el país debe adoptar en el contexto de la crisis climática. Ambos líderes políticos han registrado una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para exigir respuestas claras sobre el proyecto, con el fin de determinar si el PSOE está comprometido con la defensa de la biodiversidad o si prioriza intereses económicos.
Prioridad en la conservación de Doñana
Los representantes de Podemos y Alianza Verde han reiterado que la conservación de Doñana «debe ser una prioridad». Insisten en que cualquier acción que comprometa la integridad de este ecosistema debe ser sometida a un riguroso proceso de revisión. «No se puede permitir que, mientras se habla de proteger el parque, se sigan autorizando proyectos que atentan contra su conservación», han señalado.
En este sentido, han hecho un llamado al Gobierno de España para que «reconsidere esta autorización» y para que implemente políticas energéticas que sean verdaderamente sostenibles, protegiendo el medio ambiente y fomentando un modelo de desarrollo que sea compatible con la conservación de los ecosistemas.