Controversia en Matalascañas: La Junta de Andalucía declara ilegal el decreto del alcalde
La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha recibido recientemente una comunicación oficial de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía que invalida un decreto emitido por el alcalde de Almonte, Francisco Bella. Este decreto, que daba inicio al servicio de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), ha sido declarado ilegal, lo que ha generado un importante revuelo en la localidad costera.
La comunicación, fechada el 27 de mayo de 2026, confirma lo que la asociación había denunciado desde el principio: que el alcalde había actuado fuera de su competencia al emitir dicho decreto, ya que estas decisiones deben ser tomadas por el Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía también reveló que el alcalde había emitido un segundo decreto el 14 de mayo de 2026, en el que se anulaba el primero, reconociendo así la ilegalidad de su propia acción.
Silencio administrativo y falta de transparencia
La Asociación de Propietarios ha expresado su indignación al señalar que ni el alcalde ni los miembros de su equipo de gobierno informaron sobre la anulación del decreto en las sesiones plenarias posteriores. Según la asociación, dicha omisión se produjo en un contexto en el que el equipo de gobierno había afirmado que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales había respaldado la implementación de la zona azul, una afirmación que la asociación califica de «radicalmente falsa y deliberadamente engañosa».
El equipo de gobierno, al no mencionar la anulación del decreto en los plenos del 15 y del 21 de mayo, habría incurrido, según la asociación, en una manipulación de información que contraviene los principios de transparencia que deben regir la administración pública. La realidad, tal como lo ha confirmado la Junta, es que mientras el alcalde proclamaba que contaba con un respaldo judicial, en la práctica se encontraba bajo el requerimiento formal de anulación de su decreto.
Consecuencias jurídicas y acciones legales
La situación ha generado una serie de consecuencias jurídicas significativas. La anulación voluntaria del decreto por parte del alcalde no solo implica un reconocimiento implícito de su ilegalidad, sino que también se convierte en un elemento clave para los procedimientos judiciales que se están llevando a cabo. La ocultación de esta anulación en las sesiones plenarias, junto con la difusión de información engañosa, podría acarrear responsabilidades para los implicados.
La Asociación de Propietarios ha decidido llevar estos hechos ante la Fiscalía de Huelva, así como a la Junta de Andalucía y a la opinión pública, con el objetivo de restablecer la legalidad en Matalascañas. Actualmente, el servicio de ORA carece de respaldo legal, ya que ni el decreto original está vigente ni se han aprobado las ordenanzas necesarias en el Pleno, que han sido rechazadas en dos ocasiones. La situación se presenta como un claro ejemplo de la falta de transparencia en la gestión administrativa local y de los riesgos que conlleva la toma de decisiones fuera del marco legal establecido.