El PSOE solicita juicio oral contra el alcalde de Estepona por malversación de caudales públicos
En un giro inesperado en la política local de Estepona, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado la apertura de un juicio oral contra el actual alcalde, José María García Urbano. La acusación se centra en un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación irregular de una funcionaria eventual, quien ocupaba el puesto de asesora en el Ayuntamiento. La petición del PSOE se traduce en una demanda de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el regidor.
Según el escrito de conclusiones provisionales, al que se ha tenido acceso, el PSOE argumenta que García Urbano y la otra acusada actuaron en común acuerdo para que esta última percibiera fondos públicos sin que existiera una razón legítima ni una contraprestación laboral real. La acusación sostiene que la falta de actividad laboral efectiva ha quedado suficientemente demostrada durante la instrucción del caso, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de la contratación.
El caso se complica al señalar que el alcalde presuntamente contrató a la funcionaria a sabiendas de que no iba a desempeñar ninguna función, permitiendo así que recibiera un salario a costa del erario público. La acusación también destaca que la contratada carecía de la experiencia y formación necesarias para ejercer como asesora, lo que refuerza su argumento sobre la irregularidad de la contratación.
Detalles de la contratación y alegaciones del alcalde
De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria fue contratada mediante un decreto de Alcaldía en febrero de 2023, aunque su relación con el Ayuntamiento se interrumpió a finales de marzo del mismo año. Durante este breve período, la mujer habría percibido dos nóminas que suman un total de 7.862,89 euros, cantidad que la acusación considera un perjuicio económico significativo para el patrimonio municipal.
El regidor ha respondido a estas acusaciones a través de su defensa, que aún no ha tenido acceso completo al escrito presentado por el PSOE. Sin embargo, han insistido en que se trata de una acusación infundada, argumentando que la justicia ya había archivado una denuncia previa que también había sido presentada por la misma persona. Esta denuncia, según la defensa, se basaba en un supuesto caso de acoso que fue desestimado por el tribunal, lo que, a su juicio, corrobora la falta de credibilidad de la acusadora.
Fuentes cercanas al alcalde sostienen que no hay fundamento en las acusaciones y que la gestión de García Urbano al frente del Ayuntamiento ha sido rigurosa y transparente. Asimismo, enfatizan que el alcalde no percibe salario ni otros beneficios económicos de su cargo, y que ha logrado saldar una deuda significativa que había sido heredada de administraciones anteriores.
Un contexto político tenso en Estepona
La situación en Estepona se encuentra marcada por una creciente tensión política, donde las acusaciones y contraacusaciones han generado un clima de desconfianza entre los diferentes actores locales. La defensa del alcalde sostiene que las denuncias en su contra son parte de una campaña política que busca desprestigiar su figura y obstaculizar su trabajo al frente del Ayuntamiento.
Desde el PSOE, por su parte, se argumenta que la acusación es un paso necesario para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La controversia ha suscitado un debate más amplio sobre la ética en la política local y la gestión de los recursos públicos, en un momento en que la ciudadanía demanda una mayor transparencia y responsabilidad por parte de sus representantes.
La evolución de este caso será vigilada de cerca, ya que podría tener implicaciones significativas en el futuro político de Estepona y en la percepción pública sobre la gestión del alcalde García Urbano. La sociedad está expectante ante un proceso que podría redefinir la dinámica política en esta localidad malagueña.