ZAFARRAYA (GRANADA), 15
Una campaña de apoyo a un matrimonio en riesgo de desahucio «por un error catastral» de un cortijo en Zafarraya, en la comarca de Alhama de Granada, ha logrado reunir aproximadamente 3.000 firmas. Esta iniciativa se enmarca dentro de las movilizaciones que se están promoviendo, incluyendo una manifestación programada para el próximo viernes, 21 de febrero, frente al Ayuntamiento.
Solidaridad de la comunidad
Según han indicado fuentes cercanas a la familia de Conchi y Cantino, el número de apoyos recolectados, en una recogida de firmas que continúa abierta, refleja que «casi todo el pueblo», compuesto por alrededor de 2.200 habitantes, ha mostrado su respaldo, así como vecinos de localidades cercanas. Esta situación ha surgido en respuesta a lo que consideran una acción «sin escrúpulos» por parte de un vecino que ha aprovechado el error catastral para reclamar la propiedad del cortijo.
La familia ha expresado su angustia a través de la página ‘Justicia para la Conchi y Cantino’ en la red social Facebook, donde han señalado que están sufriendo una injusticia debido a un fallo en el registro catastral. Este error ha permitido que un vecino se apropie del cortijo, solicitando ahora el desahucio de la familia que ha vivido y trabajado en el lugar durante más de 20 años.
Movilizaciones y manifestaciones
En el contexto de la manifestación programada para este viernes, la familia ha hecho un llamado urgente para frenar el desahucio, un caso que ha generado una notable solidaridad en las redes sociales. Aseguran que, debido a un error catastral, están a punto de perder su hogar, un cortijo por el que han trabajado arduamente durante más de dos décadas.
La movilización se intensificó a principios de febrero, cuando se notificó a la pareja que, «en un plazo de 20 días hábiles», serían desahuciados del cortijo. Ante esta situación, anunciaron que presentarían un recurso para solicitar a la autoridad judicial que considerara «la demanda declaratoria de titularidad real» interpuesta en marzo de 2024 por diez hermanos, quienes son los «legítimos propietarios de la finca desde los años» 40 del siglo pasado, antes de que la compraran en 2005.