GRANADA, 12. La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión y más de dos millones de euros en concepto de multa y responsabilidad civil para un empresario de 64 años, acusado de un delito contra la Hacienda Pública por impagos que ascienden a 633.150 euros en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2018.
Detalles del Caso
Según la Fiscalía, las rentas no declaradas provienen de ingresos que el acusado recibió en sus propias cuentas, derivadas de varias entidades que controla. En estas entidades, el empresario no solo es socio único o mayoritario, sino que también ocupa el cargo de administrador único.
A través de un total de nueve sociedades, el procesado habría recibido en sus cuentas corrientes transferencias que suman 2.749.974 euros. Tras descontar los pagos realizados por las sociedades, que no se consideran rendimientos del trabajo y que no fueron incluidos en la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2018, se determina que la cuota defraudada asciende a 633.150 euros.
Consecuencias Legales
Esta cantidad es la misma que la Fiscalía exige al procesado como indemnización conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria. Además de los tres años de prisión, se le impone una multa de 1.400.000 euros por la presunta comisión del delito.
El juicio está programado para llevarse a cabo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 28 de octubre.