miércoles, noviembre 18

Aprobación del decreto por parte de PP y Vox en el Parlamento para solicitar a los municipios una bolsa de suelo destinada a vivienda asequible

SEVILLA, 5

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles el Decreto-ley 1/2025, que establece medidas urgentes en materia de vivienda. Este decreto incluye un plazo de tres meses para que los ayuntamientos de municipios con más de 100.000 habitantes informen sobre la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda asequible.

La aprobación del texto se ha logrado gracias a los votos a favor de los grupos PP y Vox, mientras que los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.

Tramitación y Justificación del Decreto

A solicitud del Grupo Socialista, el Pleno también ha votado sobre la posibilidad de tramitar esta normativa como un proyecto de ley, propuesta que fue rechazada por los grupos Popular y Vox. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, defendió el decreto en el Pleno, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de febrero y entró en vigor el martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El Decreto-ley tiene como objetivo proporcionar transparencia sobre los suelos disponibles en los municipios andaluces para la construcción de viviendas protegidas y asequibles. Se establecerá una bolsa de suelo compuesta por parcelas públicas y privadas destinadas a vivienda protegida, así como parcelas dotacionales que puedan acoger viviendas o alojamientos.

Obligaciones Municipales y Beneficiarios

Las corporaciones municipales tendrán la obligación de emitir la cédula urbanística correspondiente, que incluirá el régimen urbanístico y otras circunstancias aplicables a las parcelas o inmuebles, además del número de viviendas protegidas que se pueden construir. A partir de esta información, el Gobierno andaluz buscará establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos para mejorar la gestión de las políticas de vivienda, comenzando con los municipios más grandes.

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Otra de las medidas incluidas en el decreto es la ampliación de los potenciales beneficiarios de viviendas protegidas, aumentando el umbral de ingresos. Las viviendas protegidas estarán destinadas a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 3,00 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el régimen especial, 5,5 veces el Iprem para el régimen general, y 7 veces el Iprem para viviendas de precio limitado.

Regulación de la Vivienda Turística

El decreto también aborda la regulación de la vivienda de uso turístico, estableciendo que en municipios donde existan razones de interés general, el uso residencial de una parcela no permitirá automáticamente su destino a alojamiento turístico. Además, se permitirá a los ayuntamientos suspender licencias de viviendas de uso turístico durante la tramitación de la normativa urbanística, siempre que se justifique la necesidad y proporcionalidad de dicha medida.

Durante el debate, la diputada del PSOE-A, Isabel Ambrosio, criticó que el decreto llega «demasiado tarde» y cuestionó la urgencia que el Gobierno del PP-A otorga a la necesidad de vivienda en Andalucía. Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, también expresó su desacuerdo, argumentando que las políticas de vivienda del Gobierno han sido ineficaces.

En respuesta a las críticas, la diputada del PP-A, Ana Chocano, defendió la aprobación del decreto como una respuesta a la urgente necesidad de vivienda en Andalucía, instando a los ayuntamientos a colaborar en la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.