SEVILLA, 12 – El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa que el teniente de alcalde y delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, «debería dimitir» tras la publicación de una información en Diario de Sevilla que menciona los sobresueldos que habría recibido en su calidad de presidente del Partido Popular provincial.
García enfatizó que «el señor Bueno tiene que dimitir automáticamente por una cuestión de ética», reafirmando su postura sobre cómo abordar las conclusiones de la información divulgada, antes de describir el contexto que rodea a Juan Bueno.
Implicaciones Éticas de los Sobresueldos
El portavoz de Adelante Andalucía comparó la situación con un escenario en el que, utilizando el presupuesto del grupo parlamentario, se decidiera destinar una parte a gastos personales. «Es como si voy y con el presupuesto que tenemos del grupo parlamentario para su funcionamiento, que no tiene nada que ver con los salarios de los diputados, cojo de ese presupuesto y digo que voy a coger 1.200 euritos al mes para lo que me haga falta», expresó García, subrayando la gravedad de la situación.
A pesar de las críticas, García anticipó que el teniente de alcalde «no se va a ir» y que, por el contrario, «seguirá subiendo escalones en el Partido Popular». Según su perspectiva, «el Partido Popular premia a los listos», concluyendo irónicamente que «es un partido muy meritocrático».
Descontento Social y Políticas del PP
García también reflexionó sobre el descontento que existe en Andalucía respecto a la percepción de que «todo el que se mete en política es porque es muy listo». Esta afirmación resuena en un contexto donde la ciudadanía se muestra cada vez más crítica con las prácticas políticas.
El portavoz de Adelante Andalucía cuestionó las posiciones políticas del Partido Popular en relación con las mejoras salariales para los trabajadores y la regulación del precio del alquiler, mientras que, según él, «están cobrando salarios en B, presuntamente, de 1.200 euros al mes». Este tipo de contradicciones alimenta el escepticismo y la frustración entre los ciudadanos.