Juicio por abuso sexual a una menor con discapacidad
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha iniciado el juicio contra un hombre de 51 años, acusado de violar y abusar sexualmente de su hijastra, quien presenta una discapacidad del 65 por ciento. En el momento de los hechos, la joven contaba con 16 años. El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos bajo la legislación anterior a la entrada en vigor de la conocida como Ley del ‘solo sí es sí’, solicitando, al igual que la acusación particular, una pena de diez años de prisión por un delito continuado de abuso sexual. Durante su declaración, el acusado ha negado las acusaciones, afirmando que “nunca se quedó a solas” con la menor y que “en ningún momento” tuvo contacto de tipo sexual con ella.
Declaraciones de la víctima
La joven, ahora de 22 años, ha declarado ante el tribunal, protegida por un biombo, y ha relatado algunas de las agresiones sexuales que sufrió desde los 16 hasta los 19 años, cuando finalmente decidió denunciar los hechos. “Era como si fuera mi padre. Tenía más confianza con él que con mi madre”, ha comentado la joven, explicando cómo comenzaron los abusos en 2019. A pesar de que nunca le gustaron las acciones de su padrastro, admitió que a veces se dejaba llevar porque él le daba dinero, lo que le permitía comprar chucherías y recargar su móvil. “Unas veces me obligaba y otras me dejaba porque necesitaba el dinero”, ha añadido, subrayando que el acusado era plenamente consciente de su discapacidad.
La joven también ha revelado que no denunció antes por miedo a que el acusado echara de casa a su madre y a sus hermanas. Cuando finalmente se atrevió a contarle a su madre lo que estaba sucediendo, esta no la creyó. “Me hizo brujería con un péndulo”, ha explicado, refiriéndose a una tercera persona que, mediante prácticas esotéricas, determinó que la joven estaba mintiendo.
Reclamaciones de la Fiscalía y la defensa
Además de los diez años de prisión, la Fiscalía ha solicitado que se imponga al acusado una prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima durante otros diez años, así como diez años de libertad vigilada. En términos de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama 30.000 euros, cantidad que la acusación particular, representada por la asociación Amuvi, eleva a 40.000 euros. Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución del acusado, lo que añade un nuevo nivel de tensión al caso.