CÁDIZ, 21. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha informado que durante el año 2024 atendieron a un total de 1.918 personas migrantes en sus cuatro oficinas ubicadas en la provincia de Cádiz, específicamente en Barbate, Chiclana, Puerto Real y San Fernando.
Estas oficinas brindan asesoramiento jurídico y administrativo a migrantes, tanto en situación administrativa regular como irregular, según detalla Apdha en un comunicado. Este incremento en el número de personas atendidas refleja un crecimiento continuo en la demanda de servicios de apoyo a la población migrante.
Transformaciones en el perfil migratorio
Apdha ha realizado un análisis cualitativo complementario al cuantitativo, observando que el 60% de las personas atendidas son mujeres, mientras que el 40% son hombres. Este cambio en la dinámica migratoria indica que, en los últimos años, las mujeres han comenzado a liderar el proceso migratorio hacia España, a diferencia de lo que ocurría hace más de cinco años, cuando los hombres eran los principales iniciadores del viaje.
La realidad actual muestra que las mujeres están tomando la delantera en la migración, lo que ha llevado a la asociación a afirmar que «la migración femenina ha dejado de ser un apéndice de la masculina». Este fenómeno se manifiesta de manera diferente según la región de origen, con un 71,92% de las personas migrantes de Latinoamérica siendo mujeres. En el caso de las migrantes del Magreb, el porcentaje asciende a casi el 49%, mientras que en África subsahariana, las mujeres representan menos del 12%.
Desafíos en la regularización y derechos humanos
Apdha ha señalado que la feminización de la migración responde a la creciente necesidad de trabajadores en el sector de los cuidados y el entorno doméstico, un área que no recibe el reconocimiento adecuado por su contribución al crecimiento económico del país. La mayoría de las personas atendidas provienen de Latinoamérica, especialmente de Honduras, Colombia y Perú, destacando que la irregularidad es más común entre este grupo.
En cuanto a la situación administrativa de las personas atendidas, el 52% se encontraba en situación irregular y el 48% en situación regular. La asociación ha enfatizado que el proceso de regularización es complicado, ya que se requiere haber permanecido en España durante tres años en situación irregular. Este «limbo jurídico» permite que se produzcan abusos hacia quienes realizan trabajos esenciales para el bienestar social.
La reciente aprobación de un nuevo reglamento de desarrollo de la Ley de extranjería, que entrará en vigor en mayo de 2025, promete mejorar algunas condiciones de vida para los migrantes en España. Sin embargo, aunque el periodo de regularización mediante el arraigo social se reducirá de tres a dos años, Apdha considera que sigue siendo un plazo excesivo y complejo que perpetúa la falta de derechos para muchas personas migrantes.
La asociación argumenta que, a pesar de algunos avances, la nueva regulación en materia de extranjería mantiene una estructura basada en criterios utilitaristas y mercantilistas, en lugar de enfocarse en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.