SEVILLA, 7. El Gobierno central ha expresado su apoyo, a través de una respuesta parlamentaria escrita a Podemos, para que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana emita un informe sobre el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, ubicada en Sevilla. Esta mina es gestionada por la entidad Minera Los Frailes, una sociedad que forma parte de la alianza empresarial entre Grupo México y Minorbis. Esta solicitud se alinea con la recomendación reciente de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que está bajo la dirección interina de Jesús Maeztu, y que también aboga por la creación de una «comisión de expertos técnicos y científicos» que evalúe los posibles riesgos de los vertidos al río Guadalquivir que se prevén en esta iniciativa.
El Gobierno ha señalado que el accidente de la presa de Aznalcóllar tuvo un impacto significativo en los valores naturales del Espacio Natural de Doñana y en la población local, así como en otros colectivos a nivel nacional e internacional. Por ello, considera que es fundamental que este asunto sea tratado en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que en su reunión del 25 de noviembre de 2024 incluyó este tema en su orden del día, aunque solo de manera informativa y sin emitir el informe requerido por la normativa vigente sobre parques nacionales.
Posturas encontradas sobre la reapertura de la mina
En una resolución emitida el 18 de diciembre de 2024, el departamento de Jesús Maeztu abordó las «posiciones contradictorias» en torno a la reapertura de la mina. Por un lado, están quienes apoyan esta iniciativa por los beneficios laborales, sociales y económicos que podría traer. Por otro lado, desde una perspectiva ecologista y de defensa ciudadana, se argumenta que esta decisión podría acarrear riesgos inaceptables para el medio ambiente, especialmente para los ecosistemas que podrían verse afectados por los vertidos al Guadalquivir.
Los grupos ecologistas han expresado su preocupación, señalando que los vertidos al río, independientemente de su tratamiento, contribuirían a la acumulación de residuos tóxicos ya presentes en el Guadalquivir, lo que podría perjudicar la pesca y la agricultura en la región. La reapertura de la mina, según la entidad promotora, implicaría una inversión de 316 millones de euros y la creación de aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos, con el objetivo de extraer 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, que incluyen cobre, zinc y plomo, durante un periodo de al menos 17 años tras un reacondicionamiento inicial de tres años.
Impacto ambiental y preocupaciones de los ecologistas
Sin embargo, los colectivos ambientalistas advierten que el proyecto de reapertura de la mina, que ya cuenta con autorización ambiental unificada, aún no ha obtenido la declaración de impacto ambiental necesaria. Este proyecto prevé verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, lo que podría tener efectos devastadores en un entorno que ha sido declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Los ecologistas han identificado metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc entre los contaminantes que podrían ser vertidos. Consideran que no se ha aprendido nada de la catástrofe ocurrida en 1998, cuando se produjo la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, que en ese momento era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Recomendaciones y evaluación de riesgos
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido recientemente que el proyecto cumple con «los requisitos más estrictos» establecidos por la legislación en cuanto al tratamiento de residuos, aguas y pasivos mineros. Paradela ha asegurado que la iniciativa incorpora «la mejor tecnología para la depuración de aguas» y que se prevé una inversión de «cien millones de euros» por parte de la empresa para garantizar la sostenibilidad ambiental.
En este contexto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado la necesidad de considerar los informes proporcionados por los grupos ecologistas, que advierten sobre la acumulación de residuos en el Guadalquivir provenientes de vertidos autorizados en la Mina Cobre-Las Cruces. Estos informes sugieren que podría haber un impacto ambiental, aunque de menor magnitud, pero constante, que afectaría gravemente al estuario del Guadalquivir y a los hábitats de interés comunitario y especies de fauna protegida en la zona.
Finalmente, la Oficina del Defensor del Pueblo ha instado a la Junta a tener en cuenta los informes del catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Manuel Castillo, y ha destacado la importancia de evaluar adecuadamente los riesgos ambientales asociados al proyecto. Se sugiere la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos para determinar si existen certezas suficientes sobre los riesgos derivados del vertido, así como la necesidad de aplicar principios de precaución y cautela en este contexto.