El último informe de EAPN Andalucía sitúa a la comunidad entre las regiones con mayores niveles de pobreza de España y alerta del impacto creciente de la vivienda, la precariedad económica y la desigualdad sobre miles de hogares.
Andalucía continúa entre las comunidades autónomas con mayores niveles de pobreza y exclusión social de España, pese a la ligera mejoría registrada en algunos indicadores durante el último año. En 2025, el 34,7 % de la población andaluza se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción equivalente a alrededor de tres millones de personas y nueve puntos superior a la media estatal, situada en el 25,7 %.
Los datos forman parte del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, presentado en Sevilla por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Andalucía, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El estudio refleja que la comunidad presenta los peores resultados autonómicos en cuatro de los cinco principales indicadores analizados: tasa AROPE, pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar.
La tasa AROPE ha descendido nueve décimas respecto a 2024, lo que supone unas 67.000 personas menos afectadas. También se ha reducido la tasa de pobreza, que cae 1,5 puntos hasta el 27,7 %, aunque todavía representa aproximadamente a 2,4 millones de personas. La pobreza severa, por su parte, alcanza al 11,4 % de la población y continúa siendo la segunda más elevada del país.
La vivienda, uno de los principales factores de presión
Uno de los aspectos sobre los que el informe pone especialmente el foco es el acceso a la vivienda. El precio de compraventa en Andalucía ha aumentado un 79,2 % entre 2015 y 2025, mientras que el precio medio tasado de la vivienda libre alcanzó los 1.924 euros por metro cuadrado durante el primer trimestre de 2026, un 13,3 % más que un año antes.
El alquiler tampoco ha escapado al encarecimiento. En 2025, el desembolso medio mensual se situó en 522 euros, por encima de los 492 euros de la cuota hipotecaria media. Los hogares andaluces destinan de media el 15,7 % de sus ingresos a la vivienda, pero ese porcentaje asciende hasta el 28,5 % entre quienes se encuentran en situación de pobreza.
Además, el 21,1 % de las personas pobres dedica el 40 % o más de sus ingresos a pagar la vivienda, una carga que reduce notablemente el dinero disponible para alimentación, suministros, transporte y otros gastos básicos.
Las dificultades se reflejan también en los retrasos en los pagos. El 14,2 % de la población andaluza ha tenido problemas para afrontar a tiempo el alquiler o la hipoteca, frente al 10,6 % de la media estatal. A ello se suma que el 11,7 % ha sufrido retrasos en el pago de suministros y el 18,7 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
El crecimiento de las viviendas turísticas añade presión
El informe relaciona también las dificultades de acceso a la vivienda con el crecimiento de la oferta destinada al turismo. Durante 2025, las plazas ofertadas en viviendas con fines turísticos aumentaron un 9,4 %, en una comunidad que supera ya los 1,4 millones de plazas turísticas.
EAPN Andalucía advierte de que esta expansión puede intensificar los problemas de acceso al alquiler residencial en los territorios con mayor presión turística, especialmente entre los hogares con menores ingresos.
El documento recoge también 6.466 ejecuciones hipotecarias registradas durante 2025, una cifra que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor número, únicamente por detrás de Cataluña.
Más de la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes
Los problemas económicos van más allá de la vivienda. El 55,1 % de la población andaluza reconoce algún grado de dificultad para llegar a final de mes, mientras que la carencia material y social severa afecta al 10,9 % de los habitantes, alrededor de 943.000 personas.
Entre las privaciones analizadas destaca la imposibilidad de afrontar un gasto imprevisto, una situación que afecta al 46,5 % de la población. El 43,2 % tampoco puede permitirse al menos una semana de vacaciones fuera del hogar al año.
Para EAPN Andalucía, estos datos muestran que la mejora de determinados indicadores económicos y laborales no está siendo suficiente para reducir de manera significativa las desigualdades que afectan a una parte importante de la población.
El presidente de la organización, José Miguel Morales, ha advertido de que la pobreza continúa teniendo un carácter estructural y que no puede hablarse de una recuperación completa mientras más de un tercio de la población permanezca en riesgo de exclusión y encuentre dificultades para acceder o mantener una vivienda digna.
La pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres
El informe vuelve a mostrar importantes diferencias por género. La tasa AROPE entre las mujeres se sitúa en el 36,7 %, frente al 32,6 % entre los hombres. La distancia alcanza así los 4,1 puntos porcentuales, la mayor registrada desde 2015.
Las diferencias se trasladan también al mercado laboral. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo femenino era del 16,38 %, frente al 13 % masculino. Además, el 22,8 % de las mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente al 5,7 % de los hombres.
La brecha salarial alcanza el 25,9 % y más de la mitad de las mujeres ocupadas, el 55 %, percibe salarios anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. EAPN relaciona estas diferencias con la mayor carga de los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado y las dificultades para acceder a empleos estables y mejor remunerados.
El 43,4 % de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión
La infancia continúa siendo otro de los grupos especialmente vulnerables. El 43,4 % de los niños, niñas y adolescentes de Andalucía se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a la comunidad como la segunda región con mayor tasa del país.
Aunque el indicador ha descendido 1,5 puntos respecto al año anterior, el porcentaje sigue siendo muy elevado. En los hogares con menores económicamente dependientes, la tasa AROPE alcanza el 39,6 %.
El informe advierte de que crecer en una situación de pobreza puede condicionar el acceso a una alimentación adecuada, una vivienda digna, actividades educativas y de ocio, así como las oportunidades de desarrollo personal y académico. Estas dificultades pueden prolongarse durante años y favorecer la transmisión de la pobreza de una generación a otra.
Las transferencias sociales evitan un escenario todavía peor
El estudio destaca también la importancia de las prestaciones públicas para contener los niveles de pobreza. Según sus estimaciones, si no existieran las transferencias del Estado, la tasa de pobreza en Andalucía alcanzaría aproximadamente al 52 % de la población.
En este apartado se incluyen las pensiones, las prestaciones por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital y otros mecanismos destinados a garantizar unos ingresos mínimos.
Sin embargo, EAPN considera que la cobertura sigue siendo insuficiente en algunos ámbitos. Las ayudas de garantía de rentas llegan al 12,4 % de la población andaluza, las prestaciones de protección a la familia alcanzan al 5,6 % y las ayudas a la vivienda apenas llegan al 2,6 %.
La situación de los pensionistas también refleja estas dificultades económicas. El 41 % de las personas pensionistas recibe una prestación cuyo importe no supera el umbral de pobreza, situado en 873 euros mensuales en catorce pagas.
EAPN reclama un pacto andaluz contra la pobreza
Ante este escenario, EAPN Andalucía reclama medidas estructurales que vayan más allá de respuestas puntuales. La organización propone impulsar un Pacto Andaluz de Lucha contra la Pobreza con objetivos concretos, compromisos presupuestarios y una estrategia a medio y largo plazo.
Entre sus prioridades se encuentran el refuerzo de las políticas de garantía de ingresos, la lucha contra la pobreza infantil, la reducción de la desigualdad de género, una mayor cobertura de las prestaciones sociales y, especialmente, el acceso a una vivienda digna y asequible.
La mejora de algunos indicadores ofrece señales positivas, pero no cambia el diagnóstico general. Alrededor de tres millones de andaluces continúan expuestos a la pobreza o la exclusión social y el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que esa situación cambie.